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Alto contrasteComo siempre ocurre a fines de año y comienzo de uno nuevo, nos llenamos de balances, comparaciones y, para algunos, profundos exámenes de conciencia y deseos de cambiar o mejorar. Incluso el propio gobierno realiza este ejercicio por medio de las cuentas públicas de los ministerios y otras reparticiones públicas, lo que constituye un estupendo ejercicio de transparencia y, aunque con limitaciones, una rendición de cuentas.
La transparencia es un componente sumamente relevante para la buena gobernanza del sector público. Bajo este contexto, la Ley de Transparencia, promulgada el año 2009 ha significado indudablemente un avance en la forma en que el Estado, municipios, servicios públicos y empresas públicas informan sobre sus decisiones y acciones a la ciudadanía. Además, en forma administrativa el actual gobierno ha hecho extensiva ciertas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a entidades o personas del ámbito público que no necesariamente están por ley obligadas a ello.
Uno de los aspectos centrales en los cuales debemos avanzar es en mejorar la calidad de acceso a la información del gasto público y de los programas que ejecuta el gobierno. Si bien el Ministerio de Desarrollo Social ha generado una iniciativa muy positiva en este último aspecto, la nueva página del Banco Integrado de Programas Sociales, existe todavía una serie de programas respecto de los cuales aun no se tiene un acceso expedito a la información relevante sobre la ejecución de gastos, los objetivos estratégicos del programa, su público objetivo, así como sus indicadores de desempeño. En definitiva, no existe información clara sobre para qué se gasta y en qué se gasta.
De la misma manera, si bien la información de ejecución presupuestaria está permanentemente disponible en el link gobierno transparente de la mayoría de las instituciones públicas, tanto la facilidad de manejo de la información como el formato en que está dispuesta, no cumplen -muchas veces- con el carácter de “open data” ni hacen accesible o facilitan su manejo para todos los ciudadanos y muchos de los conceptos son técnicos, por lo que necesitan de conocimiento previo en ciertas áreas de contabilidad. Estas falencias hacen que en la práctica muchos ciudadanos estén excluidos de la posibilidad de fiscalizar el gasto que ejecuta el gobierno.
Recordemos que la preocupación por la transparencia del gasto público surge luego de ocurrida la crisis asiática, la que provocó una gran preocupación por mejorar los niveles de transparencia en el uso eficiente de los recursos, en la deuda pública y en los programas fiscales. De hecho, el Fondo Monetario Internacional elaboró un Código de Buenas Prácticas en transparencia fiscal, por lo que este tema no es nuevo y debemos seguir profundizando en él. Esta preocupación se ha redoblado luego de las crisis financiera del 2008.
La transparencia en el gasto público ayuda a aumentar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública ya que esta percibe que las instituciones públicas están tomando decisiones sobre el uso de los recursos de frente a la ciudadanía y no a las espaldas de ellos. También mejora que los procesos y las decisiones tengan una mayor reflexión, sobre todo, en el entendido que el gasto es focalizado. Finalmente, contribuye a mejorar la evaluación de la eficiencia del gasto público para así aumentar la contribución de éste al crecimiento y al bienestar social.
Es por esta razón que para Chile Transparente este es un tema central para la agenda de transparencia de este año y en la cual esperamos aportar a partir de estudios e investigación que aborden la transparencia del gasto público.
