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Alto contrastePara mantener el clima propicio a la inversión y dar la mayor certeza jurídica posible para que se ejecuten los proyectos y favorecer así el círculo virtuoso del crecimiento, el Gobierno envió hace unos días al Congreso un proyecto de ley para promover la inversión.
Esta iniciativa es claramente necesaria a la luz de los antecedentes que muestran que hoy existe un alto número de proyectos en carpeta. Según el Catastro de la Corporación de Bienes de Capital, a septiembre del 2012, para el quinquenio 2012–2016 hay casi 700 proyectos que comprenden una inversión equivalente a
US$ 122 mil millones. De ellos, los proyectos mineros y energéticos son los más relevantes en términos de montos de inversión.
Pero estos proyectos para materializarse se enfrentan a un sistema que considera excesivos plazos y costos de tramitación, alta judicialización e incertidumbre jurídica. Y es precisamente por esta razón que el Ejecutivo considera relevante hacer ajustes y modificaciones puntuales a diversas normativas.
En este sentido, el texto legal enviado por el Ejecutivo propone disminuir los plazos de tramitación, para simplificar procedimientos; así como requisitos innecesarios y duplicidad de trámites, lo que permitirá ahorrar tiempo y costos. También apunta a eliminar incertezas jurídicas para evitar interpretaciones ambiguas y espacios de discrecionalidad infundada, delimitando así los ámbitos de competencia de los distintos servicios públicos involucrados. Por ejemplo, se detectó que son necesarias cambios específicos puntuales en el Código de Aguas, en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en materia de concesiones marítimas, por mencionar algunas.
Es así que se plantean algunas modificaciones al Código de Aguas como, por ejemplo, permitir que la Dirección General de Aguas (DGA) disponga de un sistema informático mediante el cual pueda recibir y tramitar digitalmente las presentaciones que reciba relacionadas con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, para de esta manera agilizar la tramitación de estos procedimientos. Asimismo, se contempla que la recepción de solicitudes sea vía internet y no sólo físicamente en la oficina de la gobernación o de la DGA, que es como obliga la ley actualmente.
Otro aspecto a mejorar se refiere al trámite de recepción de obras hidráulicas que efectúa la DGA para grandes proyectos, que demora en promedio 2,8 años. Al respecto, se propone la externalización de este trámite con revisoras independientes, que deben estar inscritas en un registro que debe llevar la DGA.
También se plantean diversas modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Una de ellas busca evitar que los servicios informantes emitan pronunciamientos que excedan su competencia.
Otro cambio considera que se haga efectiva la ventanilla única respecto de los permisos sectoriales íntegramente ambientales, de modo que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) los sustituya en caso de proyectos que se sometan al Servicio de Evaluación Ambiente (SEIA), reduciendo burocracia y los plazos de tramitación.
El proyecto también propone modificaciones en materia de concesiones marítimas como, por ejemplo, la incorporación de un artículo para que sobre dichas concesiones se constituya prenda. Así podrán ser otorgadas como garantía para obtener financiamiento externo para la ejecución de obras en proyectos productivos, tal como ocurre en las concesiones de obras públicas, portuarias, bienes fiscales, sanitarias y acuícolas, respetando las disposiciones especiales que establece la ley para las concesiones marítimas.
Este proyecto va en la línea correcta que nos hemos impuesto como Nación, que es la ambiciosa meta de alcanzar el desarrollo económico a fines de esta década. Para conseguirlo, requerimos sostener en el tiempo la capacidad de crecimiento a niveles elevados y en esto la inversión juega un rol fundamental.
