Competencia en el mercado: la FNE muestra los dientes

Andrés Meirovich

En los últimos días la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha estado en la palestra por las investigaciones sobre la competencia en la industria del gas, así como por denuncias obre personas vinculadas a directorios que, potencialmente, podrían ser de empresas que compiten entre sí.

En este espacio hemos contantemente impulsado que la FNE tenga cada vez mas poder, ya que los efectos de la no competencia para los mercados y el desarrollo de los países son brutales. En Chile, los 10 mayores grupos económicos controlan el 57% de la capitalización bursátil y representan el 37,9% del PIB de nuestro país. Si más encima existen directores que forman parte de empresas ligadas a distintos grupos perteneciente a esta lista, es aun mas urgente tener un control o fiscalización exhaustiva para prevenir potenciales conflictos de interés que favorezcan agendas individuales por sobre el bien común.

Dos medidas que vale la pena reforzar, ya que se apresta a asumir un nuevo gobierno, son el registro de beneficiarios finales y la ley de competencia impulsada por Israel en la década pasada. Según carta de varios economistas y empresarios el año pasado en distintos medios locales, "un Registro Público de Beneficiarios Finales es un 'must' en el ámbito internacional, para intercambiar información financiera y legal, así como acotar las inversiones internacionales que eluden las legislaciones nacionales, para blanquear capitales o cometer fraude al Fisco. En el ámbito nacional, es una herramienta que fortalecería el trabajo de instituciones públicas como la Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica y Chile Compra, entre otras. Se trata de una herramienta esencialmente preventiva, que apunta a reducir el riesgo de abusar de complejas estructuras societarias y que permite un monitoreo más preciso de la concentración económica en las distintas industrias."

En cuanto a la reforma a la concentración económica, que un mismo grupo económico posea tanto bancos (o entidades que presten dinero) como empresas productivas, es una práctica prohibida en muchos países por el claro riesgo de perjudicar al potencial entrante al mercado. El ejemplo de la reforma que se desarrolló en Israel es notable por cómo impactó en el desarrollo de las PYME, del mercado financiero, de la rebaja de precios y del crecimiento de startups en etapa posterior (scale ups).

El próximo gobierno del presidente Boric tiene la gran posibilidad de impulsar medidas que pueden ser resistidas por los incumbentes, pero que la experiencia internacional indica que son claves para el desarrollo sustentable del país. Las iniciativas de competencia y beneficiarios finales ya estaban incluidas en los programas de Paula Narváez y Sebastián Sichel.

Sin competencia, transparencia y un desarrollo del mercado de capitales competitivo y abierto a las PYME, será imposible lograr la armonía que necesitamos como país.