Regulando al regulador

Alberto Etchegaray

Cada vez que surge un nuevo abuso en el sector financiero o en materia de libre competencia surge la voz de algunos parlamentarios que, con mayor o menor sagacidad, proponen nuevas regulaciones. La teoría y la práctica demuestran que frente a fallas de mercado se debe regular. Pero hay que tener cuidado y hacerlo bien. Presento una humilde propuesta en esa línea.



Desde la campaña presidencial pasada ha circulado la idea que Chile cuente con una “Agencia de Calidad de las Políticas Públicas”, institución independiente que debería realizar una análisis ex post del impacto y efectividad de las políticas implementadas. Gran idea a la que, creo, le faltaría un complemento: una evaluación ex ante de las nuevas regulaciones.

Comentaba en una columna anterior que quien tiene una mirada ideológica considerará siempre a cualquier regulación como una limitación de la libertad. Pero más que analizar la regulación ideológicamente debe observarse si favorece la “libertad positiva” de las personas, esa que Amartya Sen definió como aquella capacidad de una persona de ser o de hacer algo, distinguiéndola de la “libertad negativa”, que enfoca el acento sólo en la no interferencia de terceros en el actuar.

Un ejemplo de regulación que favorece la libertad positiva: aquella que permite en los supermercados comparar el precio por kilo de productos similares. El supermercado, junto con señalar el precio del producto, debe complementar informando en la misma góndola el precio estandarizado por kilo, facilitando la evaluación, comparación y selección por parte del cliente.

El problema es que no siempre tenemos regulaciones “útiles”. Ocurre que buscando corregir una eventual falla de mercado, el Estado puede terminar imponiendo una regulación más negativa y costosa que la falla misma.

Porque lo cierto es que ni aún invocando la promoción de la libertad positiva, evitaremos la posibilidad de generar regulaciones innecesarias, ineficientes y/o estúpidas. La única forma de evitar esas inútiles regulaciones es “regulando la capacidad reguladora” particularmente la del Estado ¿pero cómo?
Deberíamos seguir el ejemplo de USA en esta materia: es obligación de todas las agencias públicas con capacidad normativa que envíen la regulación propuesta a la OMB (Office of Management and Budget), entidad técnica e independiente que se asegura que cada nuevo proyecto regulatorio (i) considere razonable alternativas de implementación, y (ii) que de esas alternativas la agencia pública esté seleccionando la que genera mejor saldo costo/beneficio. Lo más impresionante es que si la regulación propuesta no cumple esos requisitos la OMB tiene la autoridad para devolverla a la agencia pública hasta que los observe.

Por supuesto que siempre será un avance si en Chile implementamos una agencia que evalúe ex post la calidad de las políticas públicas. Pero sería un sello distintivo de desarrollo institucional si podemos implementar un sistema independiente que asegure regulaciones genuinamente beneficiosas para todos.