Los últimos años del proceso peruano se han caracterizado por una mixtura que combina un envidiable crecimiento económico, un reordenamiento político junto a la persistencia de una profunda desigualdad que explican las protestas sociales.
El crecimiento es notable y persiste por varios años. Perú ha diversificado su comercio exterior, acercándose a las economías asiáticas, firmo un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y posee un amplio abanico de relaciones con prácticamente todo el continente. La inversión exterior acude y especialmente se concentra en la minería.
Ahí empiezan algunos de los desafíos. La gran minería permite incrementar las exportaciones, aumenta el PIB, posibilita la afluencia de divisas, crea sólidos lazos con las economías desarrolladas. Pero genera poco empleo, no es amable con el medio ambiente (especialmente la minería a tajo abierto) y consume casi todo el agua. El emblemático proyecto “Conga” de Cajamarca es un buen reflejo de ello y también la protesta social, regional y ambientalista que ha desatado.
No se trata de un desafío sólo para Perú, a lo largo de todo el cordón cordillerano tenemos el mismo dilema en toda Sudamérica y nos habla de cómo conciliar desarrollo con protección medio ambiental, con un ingrediente social (especialmente étnico) no menor.
Dicen que el crecimiento estimula la protesta cuando la distribución falla. Nuevamente no es exclusivo de Perú, pero en el hermano país se siente con particular fuerza: casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Ya no sólo los serranos olvidados de siempre, sino los habitantes de las barriadas urbanas que ven cotidianamente -o a través de la TV- que la prosperidad es sólo para algunos.
Todo ello repercute en la política. El dato más novedoso es que el viejo sistema de partidos tradicionales parece haber concluido. El panorama es difícil de describir de una manera sucinta y proliferan liderazgos más carismáticos que organizacionales. El actual gobierno lo refleja, originariamente surgido de alianzas de los nacionalistas con sectores importantes de la izquierda moderna, hoy se ha reconfigurado.
En efecto, de los izquierdistas del primer gabinete sólo queda el canciller Roncagliolo, muchos dicen que sólo por el tema de La Haya. El propio presidente se ha distanciado del nacionalismo más radical de su familia. Y en los últimos días, desde las filas oficialistas se impulsó una poco explicable sanción al destacado congresista Javier Díaz Canseco, que se explicaría como represalia a su distanciamiento del oficialismo. Por su parte, a la izquierdista alcaldesa de Lima se la enfrenta a un proceso de revocatoria para marzo próximo.
Golpear a la izquierda, según algunos, sería una de las condiciones para facilitar una convergencia entre el gobierno y los fujimoristas, que cobrarían, además del castigo a sus opositores de izquierda, el indulto al ex presidente.
En esta convergencia, el APRA también podría ser de la partida. Así, Perú pareciera encaminarse hacia la centro derecha.