30 años del sistema de concesiones

Catalina Binder

En 1993 se licitó, por primera vez bajo el sistema de concesiones de obras públicas, el proyecto del Túnel El Melón. Luego de 30 años, existen 108 proyectos adjudicados con inversiones comprometidas del orden de US$ 27.000 millones.

La licitación de obras públicas a través del sistema de concesiones logró atraer inversión extranjera y reducir el importante déficit de infraestructura de los años 90, que era una traba para el desarrollo del país.

Hoy constatamos la vigencia del sistema de concesiones, demostradas a través de los relevantes montos de inversión impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, que durante 2021 licitó y adjudicó mil millones en proyectos, y que tiene una cartera de proyectos para el periodo 2022-2026 que asciende a US$ 13.258 millones.

“El sistema concesionado ha sido clave para el desarrollo de Chile, pero hoy está sometido a una exigencia de revalidación y actualización que no debería postergarse, por tratarse de un factor clave para aumentar la productividad y competitividad del país”.

Cabe destacar, además, la recaudación que las relicitaciones de obras concesionadas representarán para el Fisco. En el caso de aeropuertos, recaudará un monto de aproximadamente US$ 200 millones anuales y en concesiones viales alrededor de US$ 19 millones en el horizonte cercano.

No obstante, hoy el sistema está sometido a una exigencia de revalidación y actualización que no debería postergarse, por tratarse de un factor clave para aumentar la productividad y competitividad del país. Entre los desafíos está el hecho de que los programas de infraestructura concesionada deberían ser consistentes con una visión estratégica y basarse en una planificación integrada de los proyectos, a partir de los planes de los distintos ministerios, servicios y empresas públicas, que contemple herramientas de evaluación transparentes que permitan mejorar la calidad de las decisiones.

En relación con la planificación integrada y los ciclos de inversión, si bien existe el Plan de Concesiones 2022-2026, este no es suficiente para desvincular esta planificación del ciclo temporal de un gobierno y evitar las tensiones y costos que ello implica, por lo que debiera contarse, al menos, con procedimientos claros de corrección o actualización. Para estos efectos, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) planteó al propio presidente Boric la creación de una Comisión Asesora de Infraestructura, que dependa directamente de la Presidencia.

Se requiere, asimismo, una mayor eficiencia y productividad en la gestión de los proyectos de infraestructura: estudios del FMI han demostrado que, a nivel mundial, un país promedio pierde alrededor del 30% del valor de sus inversiones debido a la ineficiencia en los procesos de inversión pública relacionada con una mala gobernanza, una mala planificación y una mala asignación de recursos.

A lo anterior debería sumarse un marco institucional sólido, que contemple las herramientas necesarias para adaptarse a proyectos que por naturaleza son propensos a experimentar modificaciones, que otorgue las flexibilidades para incorporar las mejores prácticas de la industria a nivel internacional, y que establezca mecanismos que permitan prevenir y disminuir la conflictividad entre el Estado y las empresas. En esta línea, debiera reforzarse la dotación de la Dirección General de Concesiones, perfeccionar el rol del Consejo de Concesiones y fortalecer el Panel Técnico.

Estos desafiantes cambios sólo serán posibles mediante el esfuerzo conjunto entre empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y cuyo legítimo beneficio esté alineado con el interés público y un Estado proactivo, consciente de su rol articulador y con un claro liderazgo.