¿Qué hacer con el 6%?

Guillermo Larrain

En 2013 se acordó subir la cotización previsional de cargo del empleador en un 5% (actualmente 6%). Desde entonces el mundo político estérilmente debate qué hacer con ese incremento que, paradojalmente, todos reconocen como necesario y urgente. La ciudadanía observa absorta cómo los responsables muestran escasa creatividad y voluntad de llegar a acuerdos. Ha sido una vergüenza nacional.

¿Seguirá siéndolo? No sé, pero tal como analistas de derecha e izquierda raudamente descalificaron la propuesta, otros la defienden como si fueran las tablas de Moisés. ¿Vamos a repetir el show, perder tiempo y no llegar a nada?

“La definición de políticas de inversión es algo totalmente nuevo y distinto. El IPS no tiene estas competencias. Es preferible una nueva entidad”.

La propuesta es ambiciosa, pero permite espacios de negociación. Para explotarlos, es necesario tener argumentos y datos, imaginación para innovar y un sincero deseo de llegar a acuerdos. Es lo que voy a hacer.

El gobierno plantea que el 6% vaya a un fondo integrado que entregue beneficios a quienes contribuyan, pero de una manera distinta de la capitalización individual. Esto es correcto. Es una forma sustentable de garantizar financiamiento y aporta flexibilidad, porque dota al sistema de nuevos instrumentos.

El 6%, dice el proyecto, será administrado por el Estado. ¿Qué significa eso y qué rol puede jugar el sector privado? Voy a sugerir una interpretación que puede ayudar a los acuerdos: hay que distinguir entre lo político-administrativo y lo financiero.

No es objetable que lo político-administrativo sea de responsabilidad estatal. No obstante las capacidades administrativas existentes, la definición de políticas de inversión es algo totalmente nuevo y distinto. El IPS no tiene estas competencias. No hay que minimizar los problemas que surgen de asignar a estructuras antiguas responsabilidades nuevas y distintas.

Es preferible una nueva entidad.

Respecto de la gestión financiera, reconozcamos que es necesaria. Los recursos que entren al sistema deben ser usados con fines productivos. La mejor forma conocida es a través del sistema financiero. Pretender evitar esto es absurdo: los gobiernos no crean dinero de la nada. El rol del Estado en el mensaje es ambiguo, pero no hay que equivocarse: la gestión financiera debe ser lo más descentralizada posible. La razón es que la entidad que administrará el 6% en dos décadas tendrá US$ 60.000 millones de hoy y será el principal inversionista institucional individual de Chile.

Si gestionara directamente estos ahorros, el Estado tendría un conflicto de interés imposible de resolver. Es más seguro que la gestión esté en manos de muchos actores privados que, siguiendo políticas de inversión definidas por el ente administrativo, compitan, sean evaluados según su desempeño y supervisados rigurosamente por una Superintendencia carente de conflictos de interés.

El gobierno corporativo de la administradora del 6% debe ser del más alto nivel. El símil del Banco Central es útil, pero sus funciones serán muy distintas. Más allá de la autonomía, el contenido del gobierno corporativo es crucial y, como en toda esta ambiciosa reforma, el diablo estará (escondiéndose) en los detalles.