Caso Convenios: justicia (real), transparencia, confianza
Señor Director:
Las últimas encuestas sobre la imagen y confianza en las fundaciones post “Caso Convenios” muestran que se han visto exponencialmente deterioradas. ¿Es justo que el tercer sector, conformado por más de 350.000 organizaciones, vea tan dañada su imagen por unos pocos?
No, y por lo mismo deben ejercerse acciones judiciales civiles y penales. Por ejemplo, respecto de los funcionarios públicos podría configurarse fraude al Fisco si se logra acreditar que, actuando en ejercicio de su cargo, alguno defraudó o consintió en que se defraudara al Estado, originándose perjuicio.
Respecto de los particulares, podría discutirse si se está en presencia del mismo tipo penal (si se considera que éste se comunica a quienes no son funcionarios públicos), si se trata de una estafa o del delito de fraude de subvenciones, si es que se acredita que se obtuvieron fraudulentamente prestaciones del Estado que resultaban improcedentes. Eventualmente, podría configurarse lavado de activos, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.913.
De todas formas, la sociedad debe saber que lo acaecido en el “Caso Convenios” no es la regla general, ya que es el tercer sector de la sociedad civil organizada el que siempre presta una mano para aquellas causas que el Estado no puede abordar.
Angélica Torres Figueroa
Académica de Derecho UDPMonserrat Moya Arrué Abogada y socia Estudio 150