Cartas al Director

Señor Director:


Todos quienes habitualmente transitamos por la ribera del río Mapocho nos hemos dado cuenta de la escasísima cantidad de agua que trae, esto debido al uso que se le da a sus aguas para riego y abastecimiento sanitario, y a la temporada de sequía, misma que con el cambio climático que vive el planeta será un fenómeno frecuente. Sólo con esta observación, quienes aún piensan en que el proyecto Mapocho Navegable es posible de implementar, debieran revisar su posición para comenzar a pensar en alternativas de aprovechamiento del paisaje del río tal como está hoy, como por ejemplo, construir una ciclovía a un lado de la caja del río en la extensión que va desde Estación Mapocho hasta Tabancura, misma que ayudaría a despejar de ciclistas las veredas.
Cabe mencionar además que con el proyecto de limpieza del Mapocho impulsado por la empresa sanitaria Aguas Andinas, se logró limpiar el río de las aguas servidas, pero no de sus sedimentos naturales, es decir, el río sigue siendo un escurrimiento color chocolate en toda su extensión (donde queda agua), por lo tanto quienes piensan en piscinas cristalinas navegables, se encuentran en un serio error de concepción del proyecto.
Así las cosas, a falta de Mapocho Navegable, ¿Mapocho Pedaleable?


Juan Luis Hernández Viera



Señor Director:


Complementando la columna “Por qué no quieren a la empresa” del Sr. Marcelo Forni, hay que señalar que una de las funciones del Estado en la economía es la de fijar un marco legal que regula la actividad económica de los agentes, y asimismo una de las funciones del Derecho en la economía se refiere precisamente a la protección del equilibrio de intereses de los agentes.
En el sistema de empresa intervienen generalmente dos stake holders que jurídicamente son considerados débiles y que por consiguiente, requieren de la protección legal: los trabajadores y los clientes cuando éstos tengan la calidad de consumidores o usuarios. La empresa, cuando contrata con cualquiera de ellos es considerado como la parte que posee mayor poder de negociación. 
Así visto, no sorprende que la atención del regulador y de la opinión pública este puesta en tutelar a estos “débiles jurídicos”, y que se llegue hasta el extremo de descalificar el rol que cumplen las empresas en la sociedad.

Christian Schmitz Vaccaro

Profesor de Derecho Económico Universidad Católica de la S. Concepción



Señor Director: 


La eliminación de la larga distancia nacional es un anhelo tanto de personales naturales como de pequeñas y medianas empresas. Aún hay sectores, sobre todo rural, que no tienen otra forma de comunicación que el teléfono fijo comunitario. Las pequeñas y medianas empresas, además, ahora podrán eliminar sus gastos en llamadas de larga distancia. 
En cuanto a la medida que se adoptará de reducir de 24 a 13 zonas primarias, cabe preguntarse ¿por qué no llevar a todo el territorio de inmediato a una sola zona, como lo han hecho otros países? El hecho de que sea progresivo, ¿tendrá relación con las malas experiencias en cambios radicales que se han tenido en otros proyectos a nivel de gobierno, u obedece a que aún faltan acuerdos en la portabilidad numérica y la estandarización de los números de teléfonos fijos y móviles?
El actual número de teléfono se convertirá en un gran número de once dígitos, que incluirá entre otros aspectos, la zona a la que corresponde el número, para objetivos geo-referenciales e identificación del usuario. Será como nuestro “RUT telefónico”, un solo número que será de propiedad del usuario y no de las empresas. Estas medidas constituirán una gran ventaja para los usuarios finales.

Guillermo Badillo Astudillo

Director Escuela de Informática Universidad Andrés Bello