Señor Director:
Quiero referirme a la carta del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, en respuesta a mi columna. En ella alude a mi afirmación relativa a que “llama la atención que Corfo haya decidido reformular el enfoque sobre política de promoción de clusters sin debatir públicamente ni explicar los fundamentos técnicos que avalaron su medida”. Tras leer la carta del Sr. Cheyre, reitero esa afirmación.
En primer lugar, no hubo un debate público sobre la necesidad de reformular una política de Estado que fue ampliamente consensuada en su momento a través de un proceso técnico serio y transparente en el que participaron más de mil expertos y que, entre otros, fue avalado por la OCDE. Por lo que se deduce de lo que dice el Sr. Cheyre, el actual gobierno tomó la decisión unilateralmente.
En segundo lugar, Cheyre no entrega argumentos técnicos para justificar el cambio de enfoque. Sólo esboza una explicación ideológica al plantear que “no nos parece adecuado seleccionar de antemano a un grupo de industrias o clusters ganadores”. Resulta un oxímoron afirmar que una política industrial debe ser neutral o no-selectiva. Justamente se trata de identificar y priorizar sectores en los cuales tenemos potencial y ventajas competitivas. Los casos de la industria del salmón en Chile y los de países como Israel, Malasia y Singapur -y la literatura especializada- confirman esa visión.
Valoro que Hernán Cheyre afirme que este gobierno quiere continuar en la senda iniciada durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos de hacer de Chile un polo regional de la innovación convirtiéndolo en país plataforma para atender tanto a la región como al mercado mundial.
Karen Poniachik
Señor Director:
En mi columna de ayer “Lecciones de La Polar y directores independientes; propuesta para el futuro” por razones de espacio, la bajada del artículo fue editada quedando la propuesta incompleta. En la bajada se indica que asignar al Comité de Directores la elección de la firma de auditores podría ser un cambio necesario para evitar hechos como éste, pero se excluyó el contrapeso que figuraba en la columna enviada al diario para su publicación; esto es que simultáneamente con lo anterior, se debe otorgar un derecho a veto al directorio de esta decisión del comité simultáneamente un derecho a veto al Comité de Directores para la contratación de otros servicios a los auditores elegidos por la compañía.
Creo fundamental que existan estos contrapesos, puesto que no es llegar y quitar un derecho inherente a la propiedad sin que exista un balance. Una cosa es perder la libertad de elegir a un asesor tan fundamental como éste y otra es forzadamente tener que aceptar a uno con el que no se quiere trabajar por diversas razones. El derecho a veto sobre la contratación de otros servicios de la auditora elegida permite calificar la conveniencia de incurrir en un conflicto de competencias de “lealtades” de la firma auditora, potencial conflicto de interés sobre el que alerta Claudio Agostini el mismo día en otra columna.
Rafael Rodríguez