Sobre la expropiación de los ahorros previsionales individuales

Mauricio Villena

Para explicar la enorme diferencia de ingreso per cápita entre los países más ricos y más pobres, algunos economistas plantean la importancia de las instituciones, en particular, de los derechos de propiedad. En esta visión, asociada con el Premio Nobel Douglass North y seguida por los prestigiosos economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, las economías exitosas tienen derechos de propiedad que fomentan y garantizan los mercados, el comercio y la inversión.

En efecto, la evidencia empírica comparada muestra claramente que, en las economías con mayor crecimiento, la institucionalidad garantiza los derechos de propiedad (North & Thomas, 1973). Su establecimiento, reglas claras y resguardo por parte del Estado es, por tanto, esencial para el desarrollo (Rodrik, 2000). En el caso particular de las pensiones, la actual legislación garantiza que los fondos pertenecen a los afiliados y no tienen relación con el capital de las AFP. La función de estas es sólo gestionar los ahorros; toda ganancia por la inversión de los recursos se destina a las respectivas cuentas individuales obligatorias. Este es un precepto básico del sistema de capitalización individual. Nadie estaría dispuesto a realizar ahorro previsional individual sin la certeza de que el producto de esa inversión le pertenece, que no será expropiado o confiscado.

Así, las intenciones esbozadas por algunos candidatos presidenciales de expropiar el total o parte de los ahorros previsionales individuales para financiar un fondo común van en la dirección incorrecta, si lo que buscan son mejores pensiones. No se debe eliminar el ahorro individual, sino profundizar el sistema mixto de pensiones ya existente, que incluye un pilar solidario (financiado enteramente por el Estado), uno contributivo (ahorro individual privado) y otro voluntario. La expropiación no sólo eliminaría los incentivos al ahorro individual, clave para la sustentabilidad del sistema mixto; también incentivaría a las personas a retirar cuanto antes sus ahorros para evitar la expropiación.

Frente a las ideas de expropiación, hoy se levanta la propuesta de retirar el 100% de los ahorros individuales, lo que en este momento sería catastrófico: a corto plazo propiciaría un derrumbe del precio de los activos, un alza del tipo de cambio y las tasas de interés. Ello aumentaría el costo de financiamiento para las empresas y el Estado, generaría menor disponibilidad de crédito hipotecario de largo plazo y a tasas mayores, y menos instrumentos de ahorro de largo plazo.

Este último punto, al extremo, podría acercar al mercado de capitales chileno al llamado “minimarket”, el caso argentino, donde principalmente existen mercados de depósitos e instrumentos financieros de muy corto plazo. A nivel macro, esto implicaría menor ahorro, menor inversión y menor crecimiento; por ende, menores niveles de empleo y crecimiento de salarios.

Así, se hace necesario un acuerdo político que asegure que, sea cual sea la institucionalidad futura, garantice y proteja los derechos de propiedad sobre el ahorro previsional individual.