Reforma al sistema de pensiones: una visión distinta

Manuel Agosin y Diego Ordóñez Grass

Aún no sale humo blanco en la muy discutida reforma de pensiones, a pesar que las razones de las bajas pensiones sean bastante conocidas: (1) bajas tasas de cotización; (2) bajas edades de jubilación y el aumento sistemático de la esperanza de vida de los chilenos; (3) bajos salarios y, por ende, bajos niveles de cotización; (4) altos niveles de informalidad (al menos un 30% de la población activa no cotiza); (5) gran cantidad de lagunas previsionales; y (6) baja densidad de las cotizaciones de las mujeres.

Nuestra propuesta es simple: subsidio estatal al nacer. El Estado le abriría al recién nacido una cuenta en una AFP por $ 2 millones, que no podrían retirarse hasta la jubilación. Las cuentas serían licitadas a las instituciones autorizadas para participar. Los hijos de las familias que están en el 60% más pobre recibirían el total de la subvención. Las familias provenientes del séptimo decil tendrían que aportar el 25% del fondo, las del octavo el 50% y las del noveno decil el 75%. Sólo los hijos de familias en el 10% más rico no tendrían subsidio y todo el fondo tendría que ser aportado por la familia. Al final de la vida laboral, aquellos que, con sus propias cotizaciones más un porcentaje del excedente producto del aporte estatal, llegaran eventualmente a tener una tasa de reemplazo superior al 70%, deberán aportar a un fondo fiscal el excedente generado a partir de los fondos estatales.

La condición para acceder a los fondos previsionales creados con este subsidio sería que los beneficiarios cotizaran al menos 25 años. Aquellos que no cumplieran este requisito recibirían una pensión del pilar solidario, que habría que reforzar. También se haría necesario reformar las comisiones que cobran las AFP desde un porcentaje sobre los ingresos a un porcentaje sobre el saldo administrado, que debería calcularse de tal manera de que las administradoras tengan una rentabilidad máxima regulada por ley. Al mismo tiempo, la edad de jubilación debería subirse a 68 años, para luego indexarla a la esperanza de vida de la población. Por su parte, la tasa de cotización podría elevarse gradualmente hasta alcanzar el promedio OCDE (18%).

Hemos calculado que si se adoptara nuestra propuesta a partir de 2022, se aumentara la tasa de cotización a 18% y la edad de jubilación a 68, a partir de 2090 las rentas vitalicias para los hombres aumentarían con respecto a las actuales entre un 527% (con una tasa de retorno real de los fondos del 3%) y 1.059% (asumiendo una tasa de retorno del 5%). Para las mujeres, el aumento en sus rentas vitalicias sería aún mayor: entre 775% y 1.620%. El costo para el fisco, en términos de valor presente neto, del subsidio de un máximo de $2 millones por niño al nacer, sería de $ 13.875 mil millones. Con un tipo de cambio de $ 750 por dólar, este monto es equivalente a US$ 18,5 mil millones, o un 6,5% del PIB de 2019. Desde luego, este costo se incurriría a lo largo del tiempo y no de una vez. Como la tasa de natalidad está cayendo y algunos de los fondos fiscales serían devueltos, el costo fiscal anual disminuiría fuertemente en el tiempo.

Para terminar, habría que hacerse cargo de los problemas de la transición al nuevo estado de régimen, cuando toda la población tenga acceso a la subvención inicial. El problema de la transición requerirá subsidios estatales a quienes no lleguen a una tasa de reemplazo del 70% (habiendo cotizado por más de 25-30 años).