Fernando Barros

Incertidumbres peligrosas

Fernando Barros Abogado, Consejero de SOFOFA

Por: Fernando Barros | Publicado: Martes 9 de febrero de 2016 a las 04:00 hrs.
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tParecía que la agitación parlamentaria por despachar "a mata caballo" un conjunto de leyes era para regalarle a la población educación gratuita, reparaciones a la reforma tributaria, más probidad en la política, etc. antes de tomarse un mes completo de vacaciones, pero la verdad es bien distinta.


En efecto, ha sido la presión del gobierno por avanzar sin transar en su plan de reformas que ha obligado a los parlamentarios a aprobar, sin poder leer siquiera como varios han confesado, proyectos de ley o a aprobar "para la foto" una ley de gratuidad que forma parte de un nuevo golpe a la educación y al uso racional de los recursos. Una reforma tributaria pésima ahora quedó muy mala. El populismo electoral regala gratuidad a un sector muy distante de los que requieren atención prioritaria, destinando importantes recursos extraídos del ámbito productivo y que podrían apoyar a los verdaderamente necesitados para inyectar recursos millonarios del Estado a las universidades, en circunstancias que quienes llegan a ellas siguen siendo los privilegiados de nuestra sociedad.


Pero esto no ocurre por error, es la aplanadora que se une a la retro excavadora. Proyectos que fueron ideados e impuestos desde el poder central, aprobados obedientemente por los parlamentarios sumisos e indolentemente por otros, van conformando la destrucción del sistema económico y de libertades que permitió a Chile el más exitoso periodo de libertad y desarrollo social y económico de su historia.


La maquinaria pesada disminuyó su paso por razones estratégicas y se prepara, sigilosa pero eficientemente, para los zarpazos finales que le permitirán a los otrora derrotados reconstruir los muros y sistemas que pusieron al Estado por sobre las personas. Se nos anuncia que en marzo próximo será ley un régimen laboral que expropia a los empresarios de parte sustancial del derecho a administrar sus empresas y entrega a las dirigencias sindicales -y no a los trabajadores sindicalizados- el poder de destruir la empresa y de comprometer su desarrollo futuro.
El absurdo, que raya en la demagogia irresponsable, impide al empleador acordar con los nuevos trabajadores que contrate las condiciones que regirán esa contratación y, con ello, saber los costos que tendrá un nuevo emprendimiento ya que todos esos trabajadores contratados, por ejemplo, para una línea nueva de producción, por el solo hecho de incorporarse al sindicato de la empresa quedan adscritos inmediatamente a los beneficios y condiciones pactados con los antiguos trabajadores. Así, los beneficios que se van acordando entre trabajadores y empleadores a través de los años en función de logros, desempeño, productividad, e incluso antigüedad, la nueva ley se los regala a las dirigencias sindicales las que podrán entregarlas como estímulo para que los nuevos trabajadores se incorporen al sindicato o incluso obtener ventajas económicas al cobrar cuotas más altas a estos nuevos socios.


Se plantea que esta reforma no afectará a la pequeña y mediana empresa sino que solo a la gran empresa, cual es la que presenta los mayores índices de sindicalización, de exitosos procesos de negociación con las organizaciones sindicales o con grupos negociadores y que tiene más altos niveles de remuneraciones, beneficios y capacitación y, además, presenta menores índices de accidentabilidad y de conflictos.
El ambiente agresivo y discursos que recuerdan los de los exponentes más exacerbados de la izquierda de los 60 con que se ha pretendido validar la vorágine refundacional del nuevo gobierno y el ataque persistente a la actividad empresarial explican buena parte de la caída en la inversión nacional y en el bajísimo nivel de creación de nuevos empleos al que ha llegado nuestra economía.


En un mundo globalizado, con mínimas barreras para los flujos de capitales y, lo más importante, de movilidad de emprendimientos y de emprendedores, el mundo empresarial espera de parte de los países y de sus autoridades un ambiente que fomente el trabajo, la responsabilidad, los derechos junto a las obligaciones, la competitividad, la eficiencia y la productividad, de manera de poder hacer empresa.
El Chile de hoy, y el que pareciera que será el que quieren construir nuestras actuales autoridades, presenta muchas incertidumbres y ello es un riesgo incompatible con la inversión y la expansión de la empresa y de la actividad creadora.

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