Reforma de pensiones: los costos del acuerdo

Enrique Manzur

Resulta paradójico que la discusión sobre la creación de un nuevo ente que administre la cotización adicional ocurra en momentos en que, pese a las turbulencias, los multifondos de las AFP obtienen rentabilidades particularmente altas. En 12 meses el fondo C acumula una rentabilidad real de 10% y desde la creación del sistema (1981), su rentabilidad alcanza un 8% real anual. Poniendo con ello de manifiesto que el principal problema de las bajas pensiones no ha estado en la gestión de los fondos (rentabilidad), sino en el monto y continuidad (densidad) de las cotizaciones.

Si bien se le puede criticar al sistema su relativo alto costo y falta de competencia, estos aspectos se han ido mejorando parcialmente con las licitaciones de cartera, el ingreso de nuevos actores y las consiguientes bajas en las comisiones a partir de 2012.

En este contexto, resulta contradictorio que las AFP puedan administrar el 10% original de cotización, pero queden excluidas por ley de gestionar el 4% adicional. En esta lógica, el diseño acordado entre el gobierno y parte de la oposición contradice una máxima básica del derecho: quien puede lo más puede lo menos. Ciertamente, sería más lógico y eficiente que en ambos casos los cotizantes tuviésemos la posibilidad de elegir, entre múltiples actores (incluyendo la creación de una AFP estatal), a quien administre nuestro ahorro previsional.

En definitiva, el nuevo diseño implica costos adicionales y nada asegura que su desempeño supere el de las actuales administradoras. Pareciera que transar en este punto ha sido el costo de obtener el apoyo necesario para incrementar la tasa de cotización y que este mayor aporte vaya principalmente a las cuentas individuales.

Sin duda, la actual discusión previsional ha demostrado lo políticamente complejo y arriesgado que resulta modificar cualquiera de los parámetros del sistema. No es de extrañar que, desde su creación en 1981, la tasa de cotización y las edades de jubilación se hayan mantenido inalteradas, pese a los evidentes cambios estructurales observados, como por ejemplo, el significativo aumento en las expectativas de vida.

Lo anterior obliga a aprovechar esta inédita oportunidad y legislar de manera rigurosa, pensando no en la próxima elección, sino en un horizonte de 20 o 30 años. Lamentablemente, hasta ahora el debate en el Congreso está al debe, pareciera que en algunos casos los eslóganes, la visión de corto de plazo y los prejuicios han reemplazado a la discusión profunda y reflexiva.

Actualmente la tasa de cotización previsional promedio en los países OCDE es de 19%, muy superior a nuestro 10%. Además, considerando las tendencias globales sobre la creciente longevidad de la población y las expectativas de menores tasas de rentabilidad, el aumento de la cotización debió hacerse mucho antes. Sin embargo, los cuatro puntos adicionales propuestos resultan claramente insuficientes y debe evaluarse un incremento mayor, aplicado gradualmente.

Por último, la reforma debiera también hacerse cargo de la falta de conocimiento e involucramiento de los trabajadores respecto al funcionamiento del sistema previsional. No resulta aceptable ni eficiente que los afiliados desconozcan o sean indiferentes a la rentabilidad y costos de su administradora, y que su principal razón para cambiarse de AFP sea la entrega de un regalo; lo que está en juego es demasiado importante.