Crisis social: luces y sombras

Enrique Manzur

A medida que pasan los días, se hace evidente la necesidad de distinguir de manera clara, inequívoca y sin ambigüedades, entre el derecho a protestar pacíficamente y los actos de violencia irracional.

Lo primero tiene su expresión más sublime en los 1,2 millones de chilenos reunidos en Plaza Italia compartiendo el sueño de un país más justo y solidario. Fue una manifestación diversa y transversal, que mostró que pese a los significativos avances que hemos logrado como país, enfrentamos desafíos urgentes e ineludibles, especialmente en materia de pensiones, salud y remuneraciones. A ello, se suma una demanda por mayor fiscalización y sanciones a los delitos de colusión, cohecho y tráfico de influencias; se trata de un clamor por reducir las múltiples y reiteradas situaciones que han afectado a millones de chilenos haciéndolos sentir una profunda vulnerabilidad y desigualdad.

Pero también hemos sido testigos de acciones de una violencia y destrucción inéditas, incluyendo la quema de estaciones de Metro, buses y supermercados, acompañado de saqueos y vandalismo. Si bien se trata de grupos minoritarios, el efecto es devastador. Cuando se disipa el humo, la realidad se asienta: hoy somos una sociedad más pobre y desigual. No sólo por los miles de millones de dólares en pérdidas directas en infraestructura, pública y privada, que tomará tiempo en ser recuperada, sino porque los daños causados terminan afectando principalmente a los segmentos medios y bajos.

Por ejemplo, luego de la destrucción, quienes utilizan hoy el sistema público de transporte enfrentan mayores incomodidades en sus desplazamientos y tiempos de traslados aún más extensos. A su vez, es muy probable que varios de los supermercados, farmacias y otros comercios arrasados no sean reconstruidos, dejando a vastas zonas con aún menos servicios de los que tenían previamente, además de los esperables efectos negativos en el empleo. De la misma manera, no son aceptables los casos de abusos y excesos de las fuerzas de orden, los que deben ser investigados y sancionados por la justicia.

Resulta evidente que se requiere de un Estado más inteligente, ágil, eficiente y proactivo; esto en sí mismo es un gran desafío, que obliga a realizar su tantas veces postergada modernización. Es justamente el Estado, a través de la estructura tributaria y la entrega focalizada de transferencias, el principal encargado de reducir la desigualdad inicial que se observa en el mercado. Varios países OCDE tienen índices de desigualdad antes de impuestos y transferencias similares o mayores que Chile, sin embargo tras la acción del Estado logran reducirla significativamente. Por ejemplo, Francia tiene un índice de Gini bruto peor que el nuestro: 0.52 vs 0.50, (a mayor valor, mayor desigualdad), pero gracias a los impuestos y las transferencias logra reducirlo a 0.29; en cambio en Chile la mejora es marginal, quedando en 0.46.

También se debe considerar la importancia del crecimiento, o la falta del mismo, y aquí las cifras son contundentes: los últimos seis años han sido los de menor crecimiento en más de tres décadas. Desde 2014 el ingreso per cápita ha crecido menos de un 1% anual, en comparación a una tasa cercana al 4% en períodos anteriores. Ello acrecienta la desesperanza y frustración de amplios sectores, que a pesar de esforzarse sienten que no logran mejorar significativamente su situación.

En definitiva como país tenemos la obligación de abordar las demandas y desafíos de manera seria, y de colocarlas al centro de la discusión.