Cierre de universidades: entre el mercado y la fe pública

Enrique Manzur

La reciente noticia de que la Universidad del Pacífico enfrenta una compleja situación económica y académica, puso nuevamente en el debate nacional la fragilidad en que se desenvuelven algunas instituciones de educación superior y los riesgos que enfrentan sus miles de estudiantes. Si bien la situación no es nueva —ya ocurrió con las Universidades del Mar y Arcis, por ejemplo—, los efectos siguen siendo igualmente dolorosos para los estudiantes y sus familias.

El eventual cierre obliga a los actuales alumnos a buscar otras instituciones donde terminar sus estudios, con la consiguiente incertidumbre de quién los aceptará y si las asignaturas ya cursadas serán reconocidas u homologadas. Por otra parte, en caso de que la universidad siga funcionando hasta permitir el egreso y titulación de los alumnos ya en proceso, estos enfrentarán un panorama igualmente desolador: saldrán al mercado laboral con un título profesional fuertemente depreciado y cuestionado por provenir de una institución fallida y en vías de extinción.

Es cierto que toda empresa está sujeta a los riesgos del mercado y que, en este caso, los alumnos eligieron voluntariamente la institución donde desarrollar sus estudios. Sin embargo, no se puede asimilar la educación universitaria a la transacción asociada a la simple adquisición de un bien de consumo. Por el contrario, se trata de un servicio particularmente complejo, cuya evaluación no sólo es difícil, sino que ocurre con mucha posterioridad a la decisión inicial; además de requerir una inversión en tiempo y dinero muy significativa por parte del “consumidor”.

En situaciones como estas el Estado debe cumplir un rol de supervisión y certificar a las instituciones de manera de velar por la confianza depositada en ellas. Un ejemplo es lo que ocurre con las instituciones financieras, que están sujetas a la férrea fiscalización de la Superintendencia (SBIF) y sus clientes cuentan con una garantía estatal para sus depósitos. Ese es justamente el rol que debiera cumplir el proceso de Acreditación Institucional en el caso de las universidades; sin embargo, por diversas razones ello no siempre ha ocurrido.

Resulta interesante constatar que la U. del Pacífico entre 2005 y 2017 estuvo siempre acreditada, pero sólo por períodos de dos o tres años cada vez. Ello por sí solo debió ser una alerta para los potenciales estudiantes, considerando que dos años es el mínimo y la máxima acreditación es de siete años. Lamentablemente, el bajo nivel de comprensión del sistema hace que muchos estudiantes, y sus familias, se conformen con saber que la institución está acreditada. A su vez, la institución tiene incentivos para enfatizar este hecho, obviando otros antecedentes relevantes.

Por lo anterior, el desafío es fortalecer los mecanismos de fiscalización, asegurar una mayor transparencia y reducir las asimetrías de información, permitiendo con ello que los jóvenes y sus familias puedan evaluar las distintas alternativas de manera informada y responsable.