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El salto que necesitamos para invertir

Fernando Agüero

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Fernando Agüero

La evidencia internacional es contundente: no existen en la actualidad problemas de financiamiento para ejecutar proyectos de infraestructura pública. Para ellos es posible acceder a préstamos de hasta 50 años a tasa de interés muy convenientes. Los fondos de inversión privados y de pensiones en el mundo están ansiosos por participar en tales proyectos y planean destinar en los próximos años grandes cifras para obras de infraestructura, aumentando su cartera del actual 1% al 5% en estos activos.

Esto representa para Chile una oportunidad muy interesante. El país cuenta con importantes activos (en este caso obras de infraestructura pública) que generan flujos permanentes, así como con un marco institucional reconocido a nivel internacional como suficientemente apto para el desarrollo de inversiones. Por lo tanto es posible pensar usar estos activos como respaldo para obtener recursos para la ejecución de nuevas obras de infraestructura, en condiciones de plazo y costo nunca vistos antes.

El desafío, entonces, es cómo regular estas operaciones, eximiéndolas posiblemente del cálculo de la regla fiscal y, lo que es más complejo, hacer política y socialmente viable la idea de "prendar" o "hipotecar" flujos o bienes públicos. Se trata de un cambio de paradigma, lo que nunca es fácil materializar, y para lo cual se requiere de liderazgos fuertes que favorezcan el largo plazo por sobre la coyuntura.

El modelo de concesiones chileno califica ampliamente para atraer parte de los gigantescos flujos de capitales globales. Pero para ello es imprescindible una urgente reforma al sistema, con miras a mejorar la gestión del mandante (el Estado) y perfeccionar los mecanismos de financiamiento para la ejecución de las obras. Entre otras materias, se debe fomentar la ejecución de obras concesionadas de infraestructura mayor, de origen privado. Del total de proyectos que han sido ejecutados desde el MOP, recurriendo a la asociación público-privada, el 28% tiene su origen en el sector privado. Sin embargo, en términos de valor, los proyectos concretados por la iniciativa privada representan sólo el 13%.

En consecuencia, si no se produce una mayor colaboración entre el sector público y el privado, no podremos avanzar con mayor celeridad en la construcción de la infraestructura que el país requiere, postergando de manera innecesaria la meta de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.

La forma como financiamos nuestra infraestructura productiva no es indiferente. Existe gran consenso en que la inversión en infraestructura financiada con impuestos crea un efecto de corto plazo sobre el producto y el empleo, especialmente si se trata de infraestructura social. Sin embargo la inversión en infraestructuras por concesiones, financiada con tarifas y capital privado, desencadena un círculo virtuoso en la economía, aumentando la competitividad e impactando positivamente el producto, el empleo y la calidad de vida en el largo plazo.

Un reciente estudio del FMI reveló que el gasto bruto en inversión de los países desarrollados cayó de 24,9% del PIB en 1990 a 20% en 2013. Por ello están empeñados en revertir esta situación, mediante el fomento de la inversión, pública y privada. Chile en particular necesita la acción complementaria de los sectores público y privado y, simultáneamente, de nuevos modelos de financiamiento de las inversiones en infraestructura, con visión de largo plazo.

Capítulo aparte, pero no menos importante, merece el inicio de una discusión a fondo sobre la alternativa de ampliar las opciones y mecanismos de inversión de las AFP hacia el campo de la infraestructura, en nuestro propio país. Actualmente no existen mecanismos para hacerlo, pero es posible que parte de los ahorros previsionales chilenos canalizados al exterior, estén destinados a financiar infraestructura en otros países.
Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no ofrecer nuevas alternativas de inversión para las AFP dentro del país, creando un mecanismo ad hoc para los proyectos en infraestructura pública?

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