El peligro de interpretaciones recaudatorias del SII

Sergio Endress G.

Impuestos Internos dictó circular que estableció que todo examen de Laboratorio pagaba impuestos. Autoridades y actores de la salud privada se manifestaron preocupados por alza en carga tributaria, aumentando costos en US$ 32,4 millones, según privados. Si bien el organismo la derogó, cabe analizar finalidad recaudatoria en actividad interpretativa del SII.

El mayor costo a usuarios fue el argumento utilizado para solicitar derogación. Pero el Derecho Chileno no permite esa opción, y no debiera ser decisiva en la interpretación administrativa. Interpretar las normas legales es complejo y controvertido, pero está sujeto a normas en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, que excluirían ese objetivo.

La finalidad recaudatoria debe ser valorada por el legislador, pero no utilizada por el administrador. La finalidad del SII es recaudar a través de la fiscalización, no a través de la interpretación.

La ley establece que el Impuesto al Valor Agregado se aplica a los exámenes de Laboratorio hace más de 30 años. También señala que exámenes realizados por FONASA, Hospitales Públicos y Universidades, no pagan impuesto.

El SII interpretó la palabra "Laboratorio" obligando a tributar a operadores que no lo hacen, lo que afectaba la competencia entre privados. Esto es legal: cuando ejerce su facultad normativa el SII, actúa sometido al Derecho, el contribuyente puede rechazar la interpretación y recurrir a Tribunales para establecer el sentido correcto de la norma, si discrepa.

De esta manera, el reclamo público que rechazó la interpretación debió dirigirse al legislador, para modificar ley, no al SII. Lo mismo ocurre en polémica de la Superintendencia de AFP con casos Provida-Cuprum.

Criticar una interpretación por su carácter "recaudatorio", deteriora el carácter técnico e independiente del SII, presionándolo a adoptar posiciones políticas de recaudación, que debieran serle ajenas.

Varias iniciativas mejorarán esto. La reforma tributaria estableció la consulta ciudadana previa, aumentando el debate y mejorando resultados. La creación de una entidad de apoyo a parlamentarios parece urgente. El financiamiento concursable de seminarios y estudios, así como una mayor regulación que asegure más transparencia y celeridad en oficios, son indispensables.

Cumpliéndose estos supuestos, las definiciones administrativas serán duraderas, fundadas en posiciones jurídicas sólidas, lejanas al calificativo de interpretaciones recaudatorias dirigido a la circular emitida para los Laboratorios.