Chile necesita acelerar la reforma constitucional

Los manifestantes bloquearon el acceso a los centros que administran los exámenes de ingreso a las universidades en Chile este mes, quemando las pruebas para exigir el acceso universal a la educación superior. Los manifestantes interrumpieron una misa de fin de semana en la catedral de Santiago, lanzando contenedores de gas lacrimógeno al pie del altar. La semana pasada, atacaron comisarías en las afueras de la capital, arrojando bombas molotov. El movimiento de protesta de Chile, que ahora tiene tres meses, continúa ardiendo.

El presidente Sebastián Piñera ha tratado de apaciguar a los manifestantes, después de una mal jugada ofensiva en la que ordenó que tropas militares salieran a las calles. Pero un paquete de gastos de US$ 5.500 millones, junto a pensiones más altas, más dinero para atención médica, una gran remodelación del gabinete y la promesa de una nueva Constitución, no han logrado calmar las protestas. El índice de aprobación de Piñera es de 6%.

Los problemas de Chile están muy arraigados. Las reformas de libre mercado de la dictadura de Pinochet en los años '70 y '80 ayudaron a que Chile obtuviera una reputación como la gran historia de éxito económico de América Latina. Pero también enmascararon la creciente desigualdad y una deficiente red de seguridad social mientras cargaban al país con una Constitución diseñada bajo las Fuerzas Armadas. El sistema de pensiones privatizado ayudó a las finanzas del gobierno. Pero las deficiencias de un sistema que depende completamente de las contribuciones de los empleados han quedado al descubierto cuando trabajadores cerca de la jubilación tienen pensiones de nivel de pobreza.

Las consecuencias

Las protestas están cobrando un precio económico cada vez mayor. Más de 160 mil chilenos han perdido sus empleos desde mediados de octubre. El banco central cree que la economía de Chile será un 4,5% más pequeña para fines del próximo año de lo que hubiera sido de otra manera. Las autoridades comparan el impacto con las secuelas de la crisis financiera mundial de 2008.

Al mismo tiempo, los costos están aumentando. El gasto público aumentará al menos un 10% este año para pagar las costosas promesas de Piñera. El déficit presupuestario total puede superar el 4% en 2020, más del doble del nivel planeado originalmente. Hasta ahora, Chile ha disfrutado del raro lujo de los bajos niveles de deuda, pero ahora se espera que los préstamos aumenten a cerca del 40% del Producto Interno Bruto en cinco años.

Quizás el mayor daño de todos es a la reputación de Chile. Como dijo Piñera a Financial Times en una arrogante entrevista días antes de los disturbios, Chile era un "oasis", inmune a las turbulencias que regularmente golpean a otras economías latinoamericanas. Esa afirmación parecía creíble antes de las protestas; de hecho, fue un artículo de fe para muchos inversionistas regionales.

Lo que sigue

Ahora Chile se enfrenta a un dañino período de incertidumbre ya que los impopulares intentos del gobierno de Piñera de improvisar reformas bajo presión, van en desacuerdo con la plataforma pro-empresarial sobre la cual fue elegido. Las violentas protestas continúan asustando a la sociedad. El proceso para elaborar una nueva Constitución es dolorosamente lento; los miembros de la asamblea constituyente no serán elegidos hasta octubre y luego deliberarán hasta por un año, antes de que tenga lugar un referéndum confirmatorio.

Los optimistas creen que se preservarán los principios que han hecho que la economía de Chile tenga éxito: una economía abierta, el respeto a la propiedad privada, un banco central independiente, una política macroeconómica sólida. Los pesimistas tienen mucha menos confianza. Están aumentando los riesgos de que las grandes inversiones se archiven.

Chile no puede permitirse una larga espera. Sus políticos deberían repensar el calendario de la asamblea constituyente y presentar la mayor cantidad posible de fechas clave. Cuanto antes el país pueda unirse tras un camino acordado que equilibre la necesidad de una sociedad más justa con la capacidad de crear la riqueza para pagarlo, mejor.