Se posterga juicio contra farmacias condenadas por colusión y se congela pago de indemnización a consumidores

La justicia determinó suspender el juicio que enfrentan las farmacias Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand hasta que se levante el estado de catástrofe. En una sentencia de primera instancia, las empresas fueron condenadas a pagar más de $ 2.000 millones a los consumidores afectados por el cartel de precios entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

Hasta antes de desatarse la pandemia, las compañías estaban negociando con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) la implementación de un mecanismo de pago de las indemnizaciones.

No obstante, todas las partes solicitaron mantener la suspensión del proceso (ya había sido paralizado por 90 días para negociar una fórmula de pago) hasta que se levante el estado de catástrofe decretado por el presidente Piñera por la pandemia.

La solicitud fue acogida por el 10º Juzgado Civil de Santiago, que decidió mantener la suspensión del proceso entretanto dure el estado de catástrofe y hasta diez días luego de su terminación. De esta manera, se congela el pago de las indemnizaciones hasta nuevo aviso.

El mecanismo

Para justificar la solicitud de suspensión del proceso, los abogados de las empresas, el Sernac y Conadecus apuntaron a los efectos de la pandemia. "El estado de catástrofe afectó fuertemente las negociaciones entre las partes del presente litigio", señalaron en un escrito presentado en conjunto. "Las partes han hecho todo lo posible para mantener las negociaciones de forma continuada y permanente, lo cual, debido a la actual situación sanitaria que vive el país se ha tornado complejo", añadieron.

Los abogados pusieron como ejemplo que el edificio corporativo de Cruz Verde se encuentra ubicado en la comuna de Huechuraba, muy cerca del centro de eventos Espacio Riesco, lugar en donde la autoridad decidió habilitar un hospital de campaña para combatir los efectos de la pandemia. "Esto provocó restricciones en el libre desplazamiento de los trabajadores y asesores de la compañía en dicho sector, incluso antes de decretarse la cuarentena total en la Región Metropolitana", dijeron las partes involucradas.

Junto a esto, destacaron "la importancia de diseñar un mecanismo de cumplimiento" que garantice la automaticidad y que asegure que los montos indemnizatorios lleguen a los usuarios de la manera más expedita posible y que, sin duda, no impliquen desplazamientos innecesarios para ellos.

"Piense lo complejo que pudiese resultar el hecho de que todos los consumidores beneficiados con la sentencia deban desplazarse al tribunal para obtener el pago de su indemnización, sobre todo con la posibilidad de extensión de las cuarentenas y del estado de catástrofe", señalaron los abogados de las partes en juicio, quienes añadieron: "Lo anterior, no sólo resulta contrario a los criterios de salubridad mínimos que se exigen en estas circunstancias, sino que también, implica un procedimiento engorroso y sumamente dificultoso".