CChC recurre a Contraloría para defender proyectos en terrenos expropiables

Tres proyectos en la Región Metropolitana hoy están en vilo. Y es que la normativa aprobada en 2014 que buscó poner un plazo para que las municipalidades puedan definir los terrenos que enfrentarán una expropiación, hoy les está cambiando las reglas del juego.

Se trata de proyectos inmobiliarios ubicados en las comunas de Vitacura, Cerrillos y Quilicura, de las inmobiliarias PY, Lo Campino y Avellaneda.

Esto porque la nueva normativa estableció un plazo para que las municipalidades confirmen o desechen la calidad de expropiables de aquellos terrenos que tenían esta condición, pero que había caducado en 2004.
La normativa precisó que cuando los terrenos se encuentren en zonas intercomunales, será el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el que defina su futuro.

El problema surgió en aquellos paños donde la condición de expropiables había caducado, por lo que incluso luego se les otorgaron permisos de construcción o tenían anteproyectos aprobados ante la dirección de obras de distintos municipios.

Si bien la ley protegió este tipo de suelos, señalando que no se podría ejecutar una expropiación, el Minvu no compartió esta visión.

Según Pablo Álvarez, gerente de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la división de Desarrollo Urbano del Minvu precisó, a través de una circular, que el hecho que cuenten con permisos de edificación no los libra de estar bajo la calidad de "expropiables".

Por ello, el gremio constructor acudió a la Contraloría para zanjar si la visión de la autoridad se ajusta a derecho o no.

"Estas son obras con permisos de construcción y según la ley, no se verán afectadas, pero el Minvu en su circular aclara que estos terrenos si bien pueden ser construidos, porque a su juicio la ley así lo permite, esto no significa que estarán exentos de ser expropiados", explica.

Álvarez agrega que esto traería consecuencias graves para los proyectos emplazados en terrenos que están bajo condición. "¿Cómo puedes construir si después va venir un banco y va a hacer un estudio de título y va a aparecer afectado el terreno? ¿Cómo va a financiar la construcción? ¿Cómo va a financiar a los compradores de las viviendas que están en ese terreno, si el estudio de título tiene una afectación? No basta con poder construir el terreno, también tiene que estar desafectado", explica.

Álvarez comentó que esta incertidumbre hizo que recurrieran previamente a la propia ministra de Vivienda, Paulina Saball, a través de una carta pidiéndole que aclare la visión de la División de Desarrollo Urbano. La respuesta fue lapidaria y confirmo la interpretación que estaban aplicando.

Inmobiliarias a la justicia

Las nuevas reglas han generado expectación entre las inmobiliarias, quienes ya están recurriendo a la justicia.

Para Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, esto se dio por que la ley que mal formulada.

"Nosotros no estábamos a favor de esa disposición. Lo que debía haber sido es que se diera la opción de que los municipios puedan reponer afectaciones ya caducadas, pero no que se establecieran automáticamente las afectaciones. Se creó un problema que se podría haber manejado mejor", dice Domínguez.

El representante de las inmobiliarias precisó que los tres proyectos que están bajo esta condición, están interponiendo recursos judiciales para revertir la medida y lograra que se desafecten estos terrenos.

Cronología del conflicto
Octubre 2014 Modificación revive la ley de afectación y establece un plazo de seis meses para que las municipalidades definan cuáles terrenos serán expropiables.
Diciembre 2014 División de Desarrollo Urbano del Minvu emite circular precisando que los terrenos que cuenten con permisos de edificación en trámite o aprobados no estarán exentos de la afectación de utilidad pública.
Diciembre 2014 CChC envía carta a la ministra Paulina Saball pidiéndole se pronuncie ante interpretación de la ley. Luego la ministra reafirma la postura de su cartera.
Febrero 2015 CChC recurre a Contraloría para zanjar disputa de terrenos en calidad de expropiables. Dictamen debería salir pronto.