La carrera contra el tiempo de la Ley Uber: Senado debe abordar mañana las 34 indicaciones pendientes

La comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado está en la recta final de su cruzada por sacar adelante el proyecto de ley que regulará a las plataformas tecnológicas al estilo de Uber. Los parlamentarios se autoimpusieron como meta despachar la iniciativa a sala para el 30 de enero, por lo cual el último plazo para cumplir ese objetivo es la sesión de mañana miércoles, ya que a partir del próximo lunes el Congreso iniciará su semana distrital con la que finalizará este mes. Esto, dado que la denominada Ley Uber no forma parte de los proyectos de suma urgencia que podrían posponerla. Por esta razón la sesión programada para mañana se adelantó treinta minutos para poder abordar las 34 indicaciones que continúan pendientes.

Una tarea ambiciosa si se toma en cuenta que hay un conjunto de temas claves en tabla, como la definición del tipo de licencia o la conformación del registro de vehículos, y que algunos de los puntos pendientes están amarrados a propuestas o modificaciones que formule el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Propuestas en juego

Dentro de la nómina de temas sin resolver, son 18 las indicaciones que están sujetas a modificaciones por parte del Gobierno. En este marco, los ojos de la industria estarán puestos principalmente en la definición del tipo de licencia, tema en el cual la ministra Gloria Hutt ha manifestado su preferencia por exigir una certificación de nivel profesional.

Durante el año pasado, plataformas como Uber, Cabify, Didi y Beat, alertaron reiteradamente sobre el riesgo que implicaría establecer la categoría profesional como requisito para los socios conductores. En el caso de Uber, la firma inició una serie de campañas dirigidas a los usuarios para advertir sobre los riesgos de esta indicación, afirmando que reduciría en un 80% la capacidad con la salida de, al menos, 70 mil socios conductores.

En este escenario, parlamentarios introdujeron dos indicaciones que buscan flexibilizar la exigencias relativas al tipo de licencia. La primera, del senador Rodrigo Galilea, apunta a que los conductores de los vehículos asociados a estas aplicaciones deberán contar con licencia de conducir clase B con una antigüedad mínima de cinco años. En tanto, una segunda iniciativa, impulsada por los senadores Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, propone que el socio conductor cumpla con requisitos como acreditar cuatro años de posesión del documento clase B; no tener infracciones gravísimas y aprobar un curso especial de entre treinta y cincuenta horas en escuelas de conductores reconocidas por el Estado.

Finalmente, la comisión del Senado se encuentra a la espera de la medida definitiva que proponga el Ejecutivo.

Otro tema que mantiene expectante a la industria es cómo se elaborará el registro de automóviles. En la última oportunidad en la cual la comisión se manifestó al respecto, sus integrantes acordaron que definirán una fórmula para determinar el número de vehículos y de conductores que se podrá adscribir, así como su diseño en términos de los periodos en los cuáles éste permanecerá abierto o cerrado “sin perjuicio de que el MTT pueda suspender temporalmente las inscripciones” en ese listado.

Además, la comisión debe analizar los eventuales efectos que tendrán los lineamientos del Gobierno para la elaboración del registro en los beneficios que tienen los usuarios ya inscritos en la plataforma.

Hasta el momento, la comisión de Transportes del Senado ha revisado 87 de las 118 indicaciones del proyecto, de las cuales rechazó 50, aprobó 14, mantiene pendientes 34 y ha declarado a cuatro de ellas como inadmisibles.