Controlador de la UNAB y la Universidad de la Américas: “Estamos cansados de Chile”

“Estamos cansados de Chile”. Así fue el descargo con el que la administración del grupo Laureate se refirió a su situación en el país en su reunión anual con inversionistas, sosteniendo que durante los últimos cinco años han debido asumir pérdidas a causa de una legislación que calificaron de “agresiva”.

El holding que agrupa en Chile a cinco instituciones -Universidad Andrés Bello, Universidad Viña del Mar, Universidad de Las Américas, Instituto Profesional AIEP y Escuela Moderna de Música- adelantó que la reforma educacional que implementará Chile en el primer trimestre será otro dolor de cabeza.

El proyecto que fortalece la educación superior, implicará modificaciones directas en la estructura corporativa de sus activos. Esto ya que de acuerdo al proyecto, las organizaciones con fines de lucro no podrán controlar los directorios de las universidades, aunque sí podrá mantener una representación significativa.

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Andrés Bello, les implicará tener una representatividad de seis directores de los 13 que componen la mesa, explicó el grupo.

De la misma forma, la reforma condiciona las transacciones con partes relacionadas y prohíbe los conflictos de interés, con excepciones específicas. Para todo esto, el proyecto establece un proceso de transición de uno a dos años.

Fuentes de las industria señalan que en su origen, la legislación apuntaba a desplazar a grupos económicos que estaban consolidándose en la industria de la educación en Chile.

Implicancias

Para Laureate, este ajuste en las reglas del juego, junto a eventuales modificaciones y cambios de interpretación que podrían darse con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera han rebalsado el vaso. Es así que la administración, liderada por el CEO Eilif Serck-Hanssen tomó la decisión de no seguir impactando su balance, y desconsolidar sus operaciones en Chile a penas entre en vigencia la nueva ley durante este primer trimestre.

¿Qué implicará esto? Según calculó la firma con sede en Baltimore, Estados Unidos, aislar a Chile del balance en el que agrupa a otros 26 países –donde tiene presencia con 70 instituciones de educación superior- acarreará un impacto anualizado, de una sola vez, de una suma que va entre US$ 600 millones y US$ 850 millones,incluyendo US$ 110 millones de caja.

En el caso de los ingresos, el impacto fue tazado entre US$ 410 y $ 430 millones. Mientras que el Ebitda ajustado sentiría un efecto de entre US$ 50 millones y US$ 60 millones.

“La desconsolidación de las universidades desde 2018 en adelante es la consecuencia de la prohibición de tener controladores con fines de lucro establecida en la nueva Ley. Como era de esperar, esta prohibición impacta en la contabilidad de Laureate”, aclaró a este medio el director ejecutivo de Laureate para la región Andina e Ibérica, Jesús Villate. Aclaró que la medida, busca también cumplir con la legislación contable de Estados Unidos y solo considerará a sus tres activos más grandes: Universidad Andrés Bello, UVM y Universidad de Las Américas.

Consultado sobre si está la posibilidad de dejar el país, dice que “en absoluto. La reforma recientemente aprobada implicará que debamos adaptar la forma en cómo nos relacionamos con las universidades. Respecto del sector técnico profesional, el proyecto de Ley no establece mayores cambios”.

A septiembre del año pasado, Grupo Laureate informó pérdidas por US$ 106,7 millones, lo que se compara con las ganancias por US$ 327,7 millones que obtuvieron en el mismo periodo de 2016. En tanto, los ingresos llegaron hasta US$ 3.116 millones, lo que implicó un crecimiento de 5%.

Apuesta por Piñera

Aun cuando la norteamericana tiene claro el camino que seguirá en Chile, un punto a su favor fue la elección del presidente Sebastián Piñera.

Así lo reconoció a inversionistas el ex CEO, Doug Becker, en su última entrega de resultados trimestrales de noviembre: “Las políticas de Piñera serían muy buenas para Chile, muy buenas para el campo educativo y buenas para nuestra empresa. Así que tenemos esperanzas para esta elección”, consideró.

Ley Educación Superior

Ya despachada por el Congreso se encuentra la Ley de Educación Superior, que estará próxima a ser promulgada tras pasar por trámite constitucional. En concreto, el proyecto busca someter a un mayor control a la educación superior. Esto, mediante la creación de una Subsecretaría de la Educación Superior y una Superintendencia. "Su objetivo principal es la regulación del sistema a través del control del aparataje público", explica el rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera. Aclara que la normativa establece que los socios de las entidades sean "personas naturales o jurídicas sin fines de lucro". "Por tanto empresas de inversión en educación superior se van a ver seriamente en dificultades para seguir operando en Chile", añade. Por otro lado, la normativa regula con más profundidad las operaciones con relacionados "para evitar situaciones que signifiquen un desmedro de las universidades. En definitiva, establece limitaciones para evitar que las entidades educativas superiores puedan enfrentar situaciones de crisis por la extracción de remanentes por parte de controladores".