Gobierno y oposición dan apoyo unánime a creación de la PGU a la espera de resolver financiamiento

Por unanimidad con 138 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó ayer y envió al Senado el proyecto de ley del gobierno que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU) para todos los mayores de 65 años que sean parte del 90% más pobre de la población.

Se trata de la primera parte de la iniciativa que es compartido por todas las fuerzas políticas, pero aún resta despejar en la jornada de hoy su financiamiento, donde persisten dudas de parte de la oposición que pide claridad al Ejecutivo en el mecanismo permanente de financiación.

Lo aprobado, y de ser ley durante enero -que es la apuesta del Ejecutivo-, se comenzaría a pagar en febrero y establece que si una persona hoy tiene una pensión base de $ 150.000, se le suma $ 185.000 más. Si una pensión base es de $ 200.000, se le suma $ 185.000 y, por consiguiente, su nueva pensión, explicó el ministro del Trabajo, Patricio Melero, será de $ 385.000.

Asimismo, se precisó que quienes tengan una Pensión Básica Solidaria no van a tener que hacer una postulación, se paga automáticamente, igual que quienes sean beneficiarios del aporte previsional solidario, en ciertos casos, de manera tal de que este beneficio va a ser inmediato.

Melero detalló que el beneficio es para 2,4 millones de personas. “Con toda seguridad, podríamos pagar pensiones en febrero o marzo, son cerca de medio millón de personas que van a recibir por primera vez una ayuda del Estado”, detalló.

Los requisitos para acceder al beneficio son haber cumplido 65 años, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población entre 65 o más años de Chile; en caso ser extranjero, acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos; y para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $ 630 mil y de hasta $ 1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.

El costo fiscal de la iniciativa, según Hacienda, será de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028- 2034, alcanzando promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas que se financia con la modificación de exenciones tributarias, provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su programación financiera; y la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).

Desde la oposición se respaldó el proyecto aunque con algunos reparos, como lo señaló la diputada Karol Cariola (PC), quien manifestó que la iniciativa va en línea con la promesa del futuro gobierno de alcanzar una pensión mínima de $ 250 mil.

“Este proyecto no se sostiene con una propuesta de financiamiento permanente, es por eso que le hemos planteado al Gobierno demostrar la voluntad política de establecer un mecanismo permanente no solo a través de las exenciones tributarias, sino que también a través de un impuesto, por ejemplo, a los súper ricos”, enfatizó.

Se decretó inadmisible una indicación del PC para que la entrada en vigencia de la PGU se ligara a una vez que estuviera promulgados los cambios a exenciones que permiten su financiamiento.

En tanto el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, se abrió a eventuales cambios al financiamiento al señalar que “hemos escuchado dudas y cuestionamientos, pero esperamos conocer las propuestas concretas de la oposición” y agregó que “nunca nada está escrito en piedra, sobre todo cuando estamos en el primer trámite, pero vamos a perseverar en la forma de financiamiento que se ha planteado que nos parece la correcta”.

La opción de fusionar los proyectos cada vez es más lejana, porque para que eso ocurra deben estar en un mismo trámite y, por ahora, no cumplen ese requisito.

Rentas vitalicias

El ministro Melero explicó que el único artículo rechazado tiene que ver con el valor que se pueden contratar las rentas vitalicias que hoy es de $ 176 mil como mínimo, pero eso deja a muchas personas fuera explicó y el proyecto de ley proponía que eso pudiera ser desde aproximadamente $ 100 mil.

“El objetivo era poder darle el beneficio de la renta vitalicia a algunos que por el monto ahorrado no podían hacerlo, una mayoría estimo que no era conveniente dar ese derecho”, señaló el secretario de Estado.

El ministro adelantó que intentarán reponerlo en el Senado para que más chilenos puedan contratar una renta vitalicia.