Propuestas de economistas de centro izquierda: Alza de salario mínimo, programas de empleo y reinserción de jóvenes

Con la convicción de que el gobierno deberá gastar "mucho más" de lo ya comprometido para satisfacer las demandas sociales que detonaron un conflicto, que tiene al país semi paralizado desde el 18 de octubre, hoy en el exCongreso Nacional un grupo de economistas de centro izquierda integrantes del Foro para un desarrollo justo y sostenible, dieron a conocer nueve acciones concretas junto a un plan de financiamiento para sustentarlas. 

En este contexto, el grupo que reúne a unos 60 expertos, entre ellos Roberto Zahler, Ricardo Ffrench-Davis, Fernando Carmona, Alvaro Díaz y Claudia Sanhueza, entre otros, presentó nueve acciones que en lo inmediato debieran ser parte de la agenda social que entregue respuestas a las demandas históricas que garanticen derechos sociales básicos en salud, previsión social, relaciones laborales, servicios públicos, igualdad de trato entre hombres y mujeres y protección a los consumidores.

"Sentimos que la gravedad de la situación actual exige poner por delante la defensa de nuestra democracia, que tanto costó recuperar. El regreso a nueva normalidad y el fin de la violencia pasa necesariamente por atender reclamos históricos", expresó el exministro de Economía, Carlos Ominami en la presentación de las iniciativas.

Un aumento sustantivo del salario mínimo, programas masivos de reinserción educacional, de empleo productivos, un mayor reajuste de la pensión básica solidaria, construir un pilar solidario con aportes de empresarios para financiar pensiones contributivas, una revisión de tarifas de servicios públicos y concesiones, aseguramiento de precios justos para medicamentos junto con garantizar equidad territorial, son algunas de ellas.

Respecto a la propuesta del gobierno de ingreso mínimo garantizado, el economista Fernando Carmona dijo que genera espacios de diferenciación de derechos laborales, dado que es focalizada en los trabajadores más vulnerables. Por lo tanto, la idea es legislar y elevar el salario mínimo a $550.000 líquidos. Esto, tomando como referencia alcanzar la línea de la pobreza de una familia de cinco integrantes.

Ante el argumento de que este incremento, pueda deteriorar la capacidad de generar empleo en las Pymes, Carmona explicó que es viable establecer una compensación vía tributaria (que paguen menos impuestos) al ser más fácil diferenciar por tamaño de la empresa. Agregó que esta alza sería gradual en un período máximo de dos años.

El foco en los jóvenes busca reinsertarlos en el sistema educacional, brindarles mayor capacitación laboral y condonar las deudas educacionales.

En el terrenod de los programas empleo lo que se busca es que logren enfrentar el aumento previsto para el desempleo por la situación que vive el país.

Financiamiento

Un punto central para el académico de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis, es la necesidad de recuperar las confianzas: "El problema es que la desconfianza está por todos lados, en los sectores de altos ingresos o empresariales y en la gente de sectores populares. Si no logramos controlar eso, vamos destinados a una mediocridad en los próximos años... nos jodemos como país", sentenció.

Agregó que "en el corto plazo estamos destruyendo PIB y el gobierno va a tener que gastar mucha plata para reponer lo que teníamos hace dos meses atrás', señaló.

Junto con las medidas mencionadas, los economistas presentaron un plan de financiamiento para sustentar dicha propuesta sin generar desequilibrios macroeconómicos. En lo inmediato apuntan a elevar el nivel de endeudamiento del Estado junto con hacer un uso mayor de los recursos disponibles en los Fondos Soberanos.

Los argumentos se sustentan en que, por una parte, el nivel de deuda bruta del Estado en relación al PIB es una de las más bajas del mundo. Esta sólo llega a 27% del PIB. Por otro lado, recordaron que en 2009 –en medio de una crisis de menor gravedad a la actual- el Estado utilizó US$ 9.000 millones, alcanzando un déficit fiscal de 4,3% del Producto Interno Bruto, pero sin alterar las cuentas del gobierno.

De acuerdo con los anuncios del gobierno como parte del financiamiento de su agenda social se utilizarán US$ 1.400 Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y ha estimado un déficit fiscal para 2020 del 2,9 % del PIB.

A ello se suma que para generar ingresos permanentes para solventar estos gastos, los economistas proponen la necesidad de establecer una reforma impositiva que lleve la carga tributaria a 30% del PIB en los próximos 10 años. Con ello, el nivel de endeudamiento que se necesita para el corto plazo podría incrementarse en 10 puntos del producto. Con todo ello, explicaron que el nivel de endeudamiento seguiría entre los más bajos del mundo.

Respecto de la reforma tributaria que proponen, está la necesidad de desintegrar el sistema tributario excluyendo a las Mipyme junto con introducir nuevos tramos de impuestos al global complementario con una tasa de 40% dirigido a personas con ingresos desde $ 12 millones y una de 50% para los que superen los $ 16 millones. Lo anterior es adicional al impuesto que propuso el gobierno al patrimonio inmobiliario.

Otro punto que mencionan es el cobro de un royalty perfeccionado aplicable a las actividades extractivas, como la minería u aquellas que utilizan recursos naturales como los provenientes del mar.