Evasión del IVA volvió a caer el año pasado y se ubica en su nivel más bajo desde 2009
Cifra descendió 0,4 puntos a 20,8% de la recaudación total. Retiros desde el FUT histórico recaudaron US$ 2.150 millones entre 2015 y 2017.
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La evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la economía chilena continuó su senda descendente el año pasado al caer 0,4 puntos porcentuales a 20,8% de la recaudación total, según informó ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta cifra representa el nivel más bajo desde 2009 y equivale a US$ 5.200 millones.
En su cuenta pública anual, el organismo informó que las medidas para reducir el no pago del IVA implicaron una mayor recaudación para el Fisco por US$ 100 millones en el período.
Eso sí, la disminución en 2016 fue menor en relación a la observada en años previos. Por ejemplo, en 2014 el descenso fue de 1,7 puntos porcentuales, mientras que en 2015 1,6 unidades (ver gráfico).
De todas maneras, la autoridad aclaró que la Subdirección de Gestión Estratégica y de Estudios Tributarios del SII debió actualizar la tasa de evasión del 2015, pasando de 20,3% a 21,2%, tras las modificaciones de referencia a las Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central. Esto involucró un retraso en la realización de la cuenta pública del fiscalizador impositivo.
El director del SII, Fernando Barraza, destacó que la cifra ubica a Chile entre los países con un menor nivel de evasión del impuesto al consumo en la región.
La autoridad aseguró que los diversos programas de fiscalización aplicados el año pasado representaron un rendimiento para el Fisco de US$ 2.500 millones, a través de diferencias de impuestos y menores devoluciones de gravámenes.
FUT recauda sobre lo esperado
El SII también informó el resultado de una de las ventanas transitorias que incluyó la reforma tributaria: el impuesto sustitutivo a los retiros desde el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) histórico, que rigió entre 2015 y el 30 de abril de este año.
La recaudación por el citado concepto superó la meta de alrededor de US$ 100 millones al año que esperaba el Ministerio de Hacienda en el informe financiero de la reforma: en total ingresaron a las arcas fiscales US$ 2.150 millones, mediante retiros realizados por 20.217 contribuyentes.
Del total, 17.363 correspondieron a personas jurídicas, mientras 2.864 a personales naturales. La mayor recaudación y número de contribuyentes que se acogieron se registró entre enero y el 30 de abril de este año (ver tabla).
La entidad comunicó que los ingresos tributarios sumaron bUS$ 43.000 millones ($ 29 billones el año pasado), un 0,9% de alza respecto a 2015. Del total,
US$ 20.000 millones ($ 14 billones) correspondieron a recaudación por pago IVA, mientras US$ 17.000 millones ($ 11,43 billones) a ingresos por Impuesto a la Renta.
Lo que se viene
Barraza planteó que uno de los principales desafíos para el SII este año será completar la implementación de la reforma tributaria, luego de que en 2016 se publicaran 20 circulares con instrucciones, explicaciones y ejemplos prácticos en la materia.
Asimismo, se avanzará en la instalación de sistemas de trazabilidad para el “debido” control tributario de algunos sectores económicos, como juegos y apuestas electrónicas, comercio, aplicaciones y servicios digitales.
El año pasado, el SII completó el proceso de implementación de los nuevos regímenes de Impuesto a la Renta (integración parcial y renta atribuida).
SII OBTUVO CONDENAS EN OCHO DE CADA DIEZ CASOS EN TRIBUNALES TRIBUTARIOS
El año pasado el SII presentó ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) un total de 107 acciones con sanciones pecuniarias, por un perjuicio fiscal de US$ 3,2 millones ($ 2.200 millones). Así, obtuvo que en ocho de cada 10 casos se condenara al responsable del ilícito al pago de una multa de entre un 50% y 300% del perjuicio fiscal determinado y restituido.
En el marco de su cuenta pública, el organismo señaló que se interpusieron 231 querellas ante los tribunales ordinarios, 23% más que en 2015, asociadas con un perjuicio fiscal de más de US$ 77,2 millones ($ 51.700 millones). En materia de justicia tributaria civil, el año pasado los contribuyentes ingresaron 1.136 causas a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, por un monto superior al billón de pesos nominales.
De las 867 causas terminadas en el período, que representaron un monto superior a US$ 800 millones ($ 536.000 millones), un 77% resultó favorable o dio lugar en parte a la postura de Impuestos Internos.
Barraza arremete contra presiones en casos de financiamiento de la política
En su cuenta pública, el director del SII, Fernando Barraza, se dio el tiempo para abordar la polémica en torno a los casos de financiamiento irregular de la política.
"El SII es una institución que el país debe cuidar y es importante que no esté sometido a presiones de ningún tipo. Si no, se vería afectada la estabilidad del sistema tributario", lanzó en su discurso. El ingeniero hizo frente a las críticas por el rol del servicio en la presentación de querellas o la persecución de las sanciones administrativas en algunos casos de financiamiento irregular de la política.
"Nuestra labor es absolutamente consistente con la igualdad ante la ley. Decir que somos arbitrarios es una falacia. Nuestros criterios son claros y transparentes, nuestro actuar garantiza la equidad tributaria e impulsa la justa competencia entre los actores económicos", aseguró.
"Debe seguir siendo excepcional la presentación de querellas por delito tributario. La querella es el último eslabón. Una herramienta sobreutilizada pierde su efectividad", dijo el titular del SII. Añadió que así como es tan importante que el Servicio no esté sometido a presiones de ningún tipo, es fundamental que terminen los intentos por "socavar su credibilidad y sus facultades". El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró su apoyo a la labor del SII, en el marco de los cuestionamientos que ha recibido el servicio en los denominados casos de platas políticas. "Las facultades que tiene, la independencia que tiene son muy importantes para ese rol y lo vamos a seguir defendiendo", afirmó.
El titular de las finanzas públicas también defendió la potestad del organismo para decidir el ejercicio de la acción penal: "No se trata de usar la política tributaria para querellarse porque sí, sino que se usa para el objetivo último que es recaudar, y la experticia del servicio le permite justamente tomar esas decisiones".