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¿Estado subsidiario o Estado de bienestar, hacia dónde debiera tender la nueva Constitución?

A sólo días del plebiscito los expertos ya comienzan a pensar en los contenidos de una nueva Constitución, si ganara el “apruebo”, y en este contexto el modelo del Estado es un elemento esencial

Por: Claudia Rivas A. | Publicado: Miércoles 21 de octubre de 2020 a las 22:53 hrs.
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Uno de los debates que se ha tomado el proceso constituyente, previo al plebiscito del domingo es sobre el modelo de Estado que debiera consagrar una posible nueva Carta Fundamental: uno subsidiario o uno de bienestar. Sin ánimo de profetizar se puede adelantar que este tema va a ser uno de los más complejos de abordar, porque implicaría cambiar uno de los pilares de la actual Carta Magna.

Pero como todos los aspectos que aborde la nueva Constitución se tendrán que aprobar por 2/3 de los convencionales, la discusión tiene que confluir en un acuerdo. Una de las cosas que la hace más compleja es que este tema no sólo tiene que ver con aspectos técnicos sobre lo que es más eficiente, sino también con una mirada ideológica acerca de la administración del Estado.

Orden social justo

Por lo pronto, el investigador, miembro del directorio de la Corporación y Justicia, y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finis Terrae, abogado Cristóbal Aguilera, explica que un Estado subsidiario es aquel que posibilita y colabora con las personas y las agrupaciones sociales a fin de que estas asuman, en la medida de sus posibilidades, sus propios fines y responsabilidades para con la sociedad.

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En contraste, agrega Aguilera el Estado de bienestar, a fuerza de asegurar el bienestar material de la sociedad, le encarga al Estado la responsabilidad por lo público, por el bien común, prescindiendo del esfuerzo de los ciudadanos. Con lo que, a su juicio, "fomenta una noción profundamente individualista del ciudadano, que pugna con la idea misma de comunidad política". Y para mayor abundamiento, el jurista puntualiza en que en este caso "la realización de la persona, en cuanto ciudadano, consiste en exigir y recibir en forma de derechos sociales las prestaciones que el Estado califica como públicas".

En este sentido, desde el punto de vista de Aguilera la Constitución debiera propiciar un orden social justo y eso implica, necesariamente, un Estado subsidiario y solidario. Y aunque el actual es un modelo de Estado subsidiario, afirma, "esto se ha entendido y defendido de modo erróneo, como si la subsidiariedad fuese un principio de orden económico que sugiriera necesariamente un Estado mínimo. De algún modo, esto explica su desprestigio como principio del orden social".

Cambio del modelo

Como contraparte, para el constitucionalista y académico de la Universidad Andrés Bello, Hugo Tórtora, la crisis que vive Chile en estos momentos tiene que ver "justamente con la débil atención a los derechos sociales hacia la población". En tal sentido, tiene la convicción de que su solución pasa, en buena medida, por un cambio en el modelo de Estado, desde un Estado subsidiario hacia un Estado de bienestar.

Ello, porque a su juicio "el Estado subsidiario, en lo que se refiere a la satisfacción de los derechos sociales deja entregada esa satisfacción a las reglas del mercado. Mientras que en un Estado de bienestar es el propio Estado el que asume la responsabilidad en la satisfacción de estos derechos comunes para todos".

Sin embargo, está consciente de que para un modelo como el que propone el Estado debe sufrir algunos cambios. Uno de ellos, tal vez el principal es al régimen tributario –señala- de manera que le permita al Estado contar con los recursos para satisfacer los derechos que conlleva un Estado de bienestar; pero este se debería sostener en otros dos pilares, agrega el constitucionalista, avanzar hacia una mayor eficiencia del Estado y el combate a la corrupción.

Sistema más eficiente

En la misma línea de Aguilera y en contraste con Tórtora, el constitucionalista y profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Finis Terrae, Rodrigo Poyanco, advierte que una cláusula constitucional de Estado social, en sí misma "no es una fórmula mágica".

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A su juicio, este modelo funcionará tan bien como lo hagan un conjunto de factores extrajurídicos –a los que hizo alusión Tórtora más arriba- y es por ello que los servicios públicos del norte de Europa son mejores que los del sur de Europa y los de Europa como un todo, son mucho mejores que los de América Latina, "caracterizados por su ineficiencia y burocracia", explica.

Y se explaya, asegurando que "incluso en sus mejores versiones, tampoco el Estado social lo paga todo o lo otorga todo, pues una de sus principales limitaciones es que su cobertura depende de los recursos públicos disponibles". En contraste, sostiene que "el principio de subsidiariedad, tal como está considerado ahora en la Constitución, no impide políticas sociales de calidad, incluso de cargo 100% estatal", sino que lo que hace es "impedir el monopolio de hecho o de derecho del Estado en esas mismas áreas".

Según Poyanco pocos dicen que una de las ventajas del principio de subsidiariedad es que permite focalizar los recursos públicos en la población de menores ingresos. Y advierte que "no debe buscarse el sistema más estatista, sino el más eficiente; de lo contrario, nos arriesgamos a aplicar en nuestro país un sistema social que cobra impuestos de nivel nórdico, pero otorga servicios públicos de nivel sudamericano".

Compensar la desigualdad

Pese a ello, el abogado, coordinador para el proceso constituyente del Instituto Igualdad –ligado al PS- y coautor del libro "Herramientas constituyentes para elaborar una nueva Constitución en Democracia (2017)", Nicolás Facuse, tiene la convicción de que la Constitución que se elabore, si gana el apruebo el próximo domingo, "deberá contemplar un nuevo modelo de Estado, porque es necesario avanzar hacia un Estado social y democrático de Derecho".

Este nuevo diseño de Estado –añade- deberá tener la capacidad de ir eliminando toda forma de discriminación e implementar medidas que permitan corregir y compensar la desigualdad material. Y en contraste con su predecesor estima que el actual sistema de Estado subsidiario "fue establecido en el contexto de la imposición de un modelo económico neoliberal, cuya aplicación ortodoxa" no se condice con lo que nuestro país necesita, a la luz de lo que ha ocurrido este último año.

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