Feller-Rate presenta querella y demanda por caso La Polar

El inminente cierre de la investigación por parte del Ministerio Público del caso La Polar empieza a tener consecuencias, tanto en el área penal como civil.

Ayer se declaró admisible la querella presentada por la clasificadora de riesgo 
Feller-Rate contra el ex presidente de la compañía, Pablo Alcande, y los ex ejecutivos Cristián Ramírez, María Isabel Farah y Cristián Moreno, por entrega de información maliciosamente falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), al Mercado de Valores, en el cual las sociedades clasificadoras de riesgo participan.

Tanto Feller, como Fitch Rarings, fueron sancionadas por la SVS en 2012 por su rol en el caso La Polar, considerando que ninguna de las dos firmas tuvo el “debido cuidado en el proceso de clasificación, ni en la fundamentación de sus opiniones, basándose en información no corroborada y cuya coherencia no fue debidamente analizada”.

La multa aplicada por el regulador a ambas fue de UF 7.000.




Los plazos


El abogado Jorge Meneses, del estudio Grasty Quintana Majlis & Cía, que representa a Feller en este caso, señala que las acciones legales se iniciaron ahora porque éstas sólo “ se pueden valer durante el período de investigación y hasta su cierre, entonces en el entendido del cierre de la investigación, y una vez que el propio fiscal a cargo tomó la decisión de no perseverar sobre una serie de otros directores y ejecutivos, se tomó la decisión por parte de la clasificadora de entablar la querella”.

Las penas a las que están expuestos los querellados son de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo.

En paralelo, la agencia crediticia también presentó una demanda contra Empresas La Polar.

Eso sí, el abogado dice que la estimación de la cuantía por los daños se dejó para una etapa posterior del proceso.

Mediante un comunicado, los abogados explicaron que la distorsión de los estados financieros y otra información relevante proporcionada por la compañía no sólo afectaron al mercado, sino que también infringieron los “deberes de lealtad e información que regulaban su relación con esta entidad clasificadora”.