Berlín y París quieren cortar ayuda para los países indisciplinados

Los 17 países europeos que comparten la moneda común siguen dando pasos para expandir la zona del euro más allá de una unión monetaria y convertirla en un bloque con una política fiscal coordinada. Las autoridades de Alemania y Francia, plantearon ayer la suspensión de los fondos para los países miembros que no cumplan con sus obligaciones de disciplina fiscal.

La propuesta fue incluida en una carta firmada por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy, y dirigida al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. El documento agrega nuevas condiciones y oficializa un plan de reformas anunciado por ambos gobernantes el martes, para contener la crisis de confianza en la eurozona. Las dudas sobre la deuda soberana en países periféricos como Grecia y Portugal ha extendido su contagio a algunos de los principales socios, como España e Italia.

En su carta, las autoridades piden que sus últimas propuestas sean incorporadas en un reglamento para los fondos europeos que se discutirá en el próximo marco financiero plurianual. De esta manera los aportes de estos “fondos estructurales y de cohesión deberán suspenderse en los países de la zona euro que no acojan las recomendaciones”. Los países que excedan el nivel de endeudamiento de referencia deberán presentar un plan de ajuste y “precisar cómo afrontarán el impacto del envejecimiento de la población”.

En la misiva, además, Merkel y Sarkozy invitan al funcionario belga a asumir como presidente de un nuevo gobierno económico de la eurozona durante dos años y medio y que se reuniría con un consejo de jefes de estado dos veces al año.



Fría acogida


Sin embargo, los anuncios decepcionaron a los observadores que esperaban medidas más drásticas. En la práctica, los líderes europeos ya se reúnen cada cierto tiempo bajo el consejo encabezado por Van Rompuy. Las mayores economías de la eurozona desestimaron autorizar por ahora la emisión de bonos en euros para levantar financiamiento. La medida es resistida en Alemania, que vería sus costos aumentar en beneficio de otras naciones menos disciplinadas. Ayer el instituto germano IFO estimó el costo para ese país de 47 mil millones de euros al año (US$ 68 mil millones).

Un punto que promete generar polémica es la propuesta de un impuesto a las transacciones financieras. Las acciones de las entidades financieras y operadores de bolsa cayeron tras el anuncio y ayer la Asociación de Mercados Financieros de Europa dijo que la medida frenará el crecimiento y provocará más distorsión. El gobierno británico, que alberga al mayor centro financiero de la región está preparándose a impugnar la medida.