En una peleada votación, Comisión de Economía rechaza veto presidencial a proyecto de servicios básicos

En una peleada disputa, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados rechazó el veto que introdujo la semana pasada el Gobierno al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago mientras dure la pandemia.

Si bien en un principio la propuesta del gobierno fue declarada admisible por diferencia de un voto, cuando se abordaron las indicaciones del gobierno, debido a la abstención del diputado Joaquín Lavín, no se obtuvo mayoría para su aprobación, quedando seis votos a favor y seis en contra.

Ahora la discusión del contenido del veto pasará a Sala (el resultado de la comisión no es vinculante, sino una recomendación), donde necesita mayoría simple para aprobarla. Si el gobierno pierde e insiste, necesita 2/3 de los diputados para sacarla adelante.

De todas maneras, las partes -aunque el gobierno ya decidió que no lo hará- pueden recurrir al Tribunal Constitucional.

Detalles del veto

En el texto de 18 páginas presentado el jueves pasado el gobierno presentó las indicaciones, donde sobre la base de tres de ellas debía resolver hoy el Congreso.

Estas son: un límite a la postergación del pago de consumo de agua potable de hasta 15 metros cúbicos, con ciertas excepciones; la eliminación del plan básico solidario de telecomunicaciones; y la supresión del artículo 8, que establece una prohibición a las empresas a recuperar los costos que irrogue para ellas la implementación de la ley, traspasándole los costos a los clientes.

Según explicó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet en aquella ocasión, esto último podría exponer al Estado a eventuales demandas por parte de las empresas que proveen los servicios básicos y por tanto, indemnizaciones que ponen en jaque el patrimonio del país.

En la sesión de esta mañana, Jobet adelantó que se tomó la decisión de excluir a las telecomunicaciones del proyecto, toda vez que se llegó a un acuerdo por escrito y ante la Subtel con las empresas de telecomunicaciones para proveer de estos servicios mientras dure el Estado de Excepción, y que de no cumplirlo, arriesgan multas.