Un Chile del siglo XXI con municipios del siglo XIX

Para alcaldes y concejales, el área más vulnerable de caer en “irregularidades” es la Dirección de Obras. Estas direcciones, sostienen, son autónomas a la discrecionalidad del municipio. El alcalde no puede despedir al Director de Obras ni fiscalizarlo y éste le rinde cuentas a la Seremi de Obras Públicas. Por lo mismo, se ajusta a normas de urbanismo nacional en vez de a los intereses de los vecinos de una comuna.



Estas direcciones, además, cumplen roles que atraen a los privados: son trascendentes en decidir el ordenamiento territorial de las comunas y en la instalación de proyectos -malls, supermercados, edificios de departamentos- y, segundo, sus directores profesionales -por su expertise en los procedimientos administrativos municipales- están en la mira de las empresas que buscan desarrollar grandes inversiones de alto impacto comunal. Al final, no son pocas las que terminan contratándolos y sacándolos del mundo público.

La segunda institución más nombrada por los alcaldes es la Dirección de Tránsito. Los “procedimientos no regulados adecuadamente” conllevan a que sus atribuciones sobre estas entidades queden reducidas a determinadas tareas -entrega de licencias, sanción de infracciones- sin poder intervenir a nivel más global.

Los alcaldes tienen claro qué medidas habría que tomar para evitar la corrupción: aumentar las capacidades de fiscalización 
-requerimiento histórico de los concejales-, e incrementar los sueldos de los funcionarios. Esta última ya se está logrando gracias a la ley de homologación de grados. La “capacitación y formación en transparencia y probidad” es la más mencionada y una de las más difíciles de concretar, por falta de recursos. Es, al mismo tiempo, la más iluminadora. El problema, se puede inducir, es el sentido ético de la carrera funcionaria y las autoridades municipales entienden que no es el garrote sino el “mascarón de proa de lo público” lo que debe guiar el actuar de todo funcionario municipal hacia la transparencia.

Todo esto redunda en que los municipios están teniendo que atender demandas democratizadoras, de modernización y desarrollo propias del siglo XXI con una estructura institucional del siglo XIX, conservadora y premoderna. Sus representantes políticos entienden la urgencia de este cambio y de descentralizar y reformar el sistema. ¿Por qué, entonces, no sucede?