TC pide certificar firmas de diputados que impugnan ley de constitución de empresas

Por Rodolfo Carrasco M.




El Tribunal Constitucional (TC) envió un oficio a la Cámara de Diputados en que solicita que se certifique -en un plazo máximo de tres días- qué diputados en definitiva suscriben el requerimiento que impugna algunos artículos de la ley de constitución de empresas que promueve el gobierno.

Lo anterior debido a que de los 33 diputados de la oposición que firmaron el requerimiento en forma original más de cinco han presentado un escrito en que desisten de esa presentación.

Para que el TC acoja a trámite el requerimiento necesita un mínimo de 30 firmas, pero hasta el momento eran 27 los diputados de la Concertación y el PC que habían confirmado su patrocinio y debido a que algunos parlamentarios desistieron y otros suscribieron tardiamente la impugnación, el TC en cierta forma pide claridad sobre quienes apoyan el escrito.

La polémica que envuelve al proyecto que busca constituir empresas en un día con cero costo se debe a que para algunos legisladores opositores el texto contraviene la Constitución al “traspasar ciertas funciones registrales y notariales desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, en particular, al Ministerio de Economía, radicando la fe registral y notarial en el subsecretario de Economía, no estando la administración constitucionalmente habilitada para esas actividades de fe pública notarial”.

Cabe señalar que el subsecretario del ramo, Tomás Flores, junto con rechazar los cuestionamientos defendió la norma y dijo que “el sistema que estamos creando es más barato y ágil que el registro en papel, de ahí que la gratuidad que ofrecemos responde al avance tecnológico que el mundo a experimentado, pero no es algo que discrimine a favor de los ricos o empresarios más grandes”.

En el mismo tema, esta semana la Corte Suprema envió la respuesta a una consulta de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que le pide su parecer respecto del proyecto de constitución de empresas. En la respuesta del Máximo Tribunal afirma que “no divisa inconveniente en que se establezca un régimen como el que se propone, pues no parece que se altere de manera sustancial la legislación actualmente vigente sobre la materia”; dándole un respaldo al texto del Ejecutivo.