Parlamentarios UDI llevan a la Contraloría reclamo por amarre de funcionarios

A 25 días de que se instale el gobierno de Sebastián Piñera, desde la UDI iniciaron una ofensiva contra los llamados operadores políticos. Por tal motivo, representantes del gremialismo recurrieron a la Contraloría General de la República para denunciar irregularidades en la situación de funcionarios del Gobierno Regional e Intendencia de la Región de O’Higgins y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

En el oficio entregado por el senador Alejandro García-Huidobro, y los diputados Javier Macaya e Issa Kort, se advierte sobre las resoluciones dictadas a personal a contrata en el Gobierno Regional e Intendencia de O’Higgins, que eliminan las cláusulas que indican que estos funcionarios trabajarán “mientras sean necesarios sus servicios” y que el servicio puede poner término anticipado a sus labores, lo que dejó con fecha de fin de actividades para algunos trabajadores el 31 de diciembre de 2018.

A su vez, en el documento presentado indican que en esta institución se “ha procedido a subir grados, como asimismo, realizar contrataciones a honorarios elevando sus remuneraciones”.

Los legisladores afirman que “no resulta lógico entender que quienes excepcionalmente son llamados a prestar funciones para la Administración del Estado, sin integrarla, tengan derechos que el ordenamiento jurídico no otorga a quienes pertenecen a ella”, y que esto “constituye una diferencia que discrimina arbitrariamente en perjuicio de los empleados de planta y a contrata, quienes no gozan del mismo en el evento de disponerse el cese de sus funciones”.

El documento, a su vez, ejemplifica con una serie de casos, entre los que menciona a una asesora jurídica que se desempeñaba a través de un contrato de prestación de servicios y que luego -tras las elecciones- fue terminado su contrato y se ha procedido a una contrata grado 9, sin la cláusula antes mencionada que indica que sus labores se realizarán “mientras sean necesarios sus servicios”.

De esta manera, el documento señala que “dejar a la nueva administración con servidores ‘amarrados’ significa también una duplicidad o interferencia de funciones”, ya que según explican “es necesario contratar personal idóneo y de confianza para realizar ciertas tareas (...) e implementar las políticas públicas que realice la nueva administración”.

Indap, el otro frente de críticas

En segundo término, el oficio de los legisladores UDI se refiere a “las irregularidades en concurso público convocado por Indap”, ya que “en dicho certamen se realizaron de manera erradas las pautas de evaluación con el solo fin de beneficiar a operadores políticos en desmedro de funcionarios de carrera de dicho organismo”, siendo “elegida la terna finalmente en Santiago con el propuesto por cada director regional de acuerdo a intereses personales y de partido”.

El reclamo presentado da cuenta que “en la región de O’Higgins fueron despedidas dos funcionarias por razones políticas y a nivel nacional ello se eleva a la cantidad de 58 servidores”.

Tras la cita, el senador García-Huidobro expresó preocupación por “el apernamiento que existe hoy por parte de operadores políticos que permanentemente han estado desoyendo las instrucciones que entregó el propio subsecretario, en cuanto a que tienen que hacer dejación de sus cargos y presentar la renuncia como corresponden”.

A modo de complemento, el diputado Macaya hizo la diferencia entre los trabajadores a los que apunta su reclamo, distinguiendo que los funcionarios “que han dedicado su vida al servicio público, y que lo siguen haciendo y fueron escogidos a través de la Alta Dirección Pública, no tienen nada que temer”, pero que el “cúmulo de trabajadores que son operadores políticos (...) tienen que salir del sistema porque son justamente operadores políticos de la Nueva Mayoría que van a hacer más difícil la gestión del próximo gobierno” y que van a estar “entorpeciendo la labor del próximo gobierno de Sebastián Piñera”.

En ese mismo punto, el diputado Kort agregó que sortear este apernamiento evita a que “aumente esa burocracia que es perjudicial para el Estado”.