Caen bolsa y bonos en Argentina tras fallo que la obliga a pagar a los fondos “buitre”

Un día negro vivieron ayer los mercados en Argentina. Los bonos y la Bolsa de Buenos Aires finalizaron la rueda con fuertes pérdidas a raíz del temor e incertidumbre que generaron entre los inversionistas el fallo del juez federal estadounidense Thomas Griesa de obligar a Argentina a pagar más de US$ 1.300 millones a los fondos de inversión -bautizados como ”buitre”- que no ingresaron a los canjes de deuda promovidos por el país en 2005 y 2010.

Los cupones atados al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cayeron más de 13%; mientras el índice bursátil Merval de la plaza porteña cedió 3,33% en una sesión de negocios reducidos por el feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

Estos malos resultados se dieron pese a que, cerca del cierre del mercado, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmó que el próximo lunes el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pedirá revisar la decisión de Griesa ante la Cámara de Apelaciones del tribunal neoyorquino.

En conferencia de prensa, el personero sostuvo que “vamos a sostener la posición de Argentina con todos los instrumentos disponibles, como lo hemos venido haciendo”, recordando que la Cámara “tiene a su vez un pedido de revisión” del fallo pedido con anterioridad por el gobierno.

Y añadió que “es ilegal pagarle a los fondos buitres”, aunque evitó referirse a un posible “default técnico”.

El ministro Lorenzino también criticó al juez de Estados Unidos por ejercer un “colonialismo judicial” al desconocer la validez de la legislación argentina al respecto.




Último recurso


De acuerdo con fuentes oficiales, el gobierno argentino presentará el nuevo recurso, llamado right of certioriari, a través de sus agogados del estudio Cleary Gottieb Steen and Hamilton. Esta, según los expertos, es la última instancia que hay en la justicia de Estados Unidos para que Argentina evite un posible default técnico.

Griesa falló contra el gobierno argentino, pero lo más grave es que ordenó pagar la totalidad del reclamo. Se trata de aproximadamente US$ 1.330 millones que se actualizarán conforme los intereses exactos devengados, para lo cual los abogados de ambas partes deberán reunirse y acordar dichos montos.

La fórmula de pago es proporcional sobre la base de un pago de un 100% de lo que se debe. Además, urge a Argentina a “discontinuar las amenazas enfermizas desafiantes de las sentencias y que dicha postura desafiante no solo sería ilegal sino que representaría el peor tipo de irresponsabilidad en su relación con el Poder Judicial”. 
Esta es la peor de las alternativas que esperaban las autoridades económicas.




¿Default técnico?


Si Argentina elige pagar sólo a los bonistas que sí aceptaron los canjes del 2005 y el 2010, con más de US$ 3.000 millones en vencimientos el mes que viene, parte de esos fondos serán embargados para hacer frente al pago que ordena la Corte. Y, de esta forma, el país incumplirá parcialmente su compromiso con los bonistas del canje.

Pero los demandantes, encabezados por NML Capital de Elliott Management, no son los únicos que rechazaron la quita del 70% de Argentina. Como bien advirtió la agencia calificadora Moody’s hace unos días, la sentencia de Griesa sentará un precedente legal para otros holdouts 
-entre ellos muchos jubilados italianos- que hoy, más de diez años después, ven una posibilidad de cobrar.

Así, el reclamo actual podría llegar a US$ 7.500 millones si el resto de los acreedores decidiera presentarse. E incluso extenderse hasta US$ 12.500 millones si se consideran eventuales demandas de quienes tienen bonos en default denominados en euros.

La sentencia del juez Griesa en contra de Argentina tuvo como base la consideración de que la Ley Cerrojo de 2005, que prohíbe la reapertura del canje y que fue suspendida temporalmente durante la segunda vuelta de la reestructuración en 2010, viola la llamada cláusula pari passu, que ordena un tratamiento igualitario a todos los bonistas.

Pagar implicaría clausurar un capítulo que acerque a Argentina a una demorada reinserción en los mercados internacionales. Pero pagar, en el vocabulario del gobierno de la presidenta Fernández, implicaría rendirse. Claudicar en esta gesta soberana. La intransigencia puede costarle demasiado a Argentina.