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Alto contraste¿Tiene sentido que los gobiernos tomen decisiones impopulares? Considerando que en democracia el poder proviene del mandato electoral, entonces la respuesta podría ser negativa. Pero no es así. Aunque algunos prefieran mirar las encuestas antes de actuar, lo cierto es que nos regimos por un sistema representativo, en el cual la autoridad democráticamente elegida por la mayoría de los ciudadanos debe tomar las mejores decisiones que estime para el país, con pleno respeto de la institucionalidad vigente.
Tampoco es admisible que grupos de presión, por muy correctas que sean sus intenciones, intenten pasar a llevar las decisiones fundamentadas en esa misma institucionalidad ni menos vulneren o pongan en riesgo los derechos de las personas que, en el ámbito de sus responsabilidades, deban participar de estos procesos.
Consecuente con lo señalado, la aprobación ambiental del proyecto HidroAysén -luego de casi tres años de trámite y la participación de los distintos sectores involucrados- no merece más reparo que la dificultad evidenciada por autoridad, empresas y grupos opositores para ponerse de acuerdo en, a lo menos, un mínimo diagnóstico sobre la situación energética que atraviesa Chile.
El crecimiento económico del país, clave para alcanzar el desarrollo y superar la pobreza, requiere la inversión en nuevas fuentes de electricidad, mediante una política capaz de compatibilizar seguridad energética, costos competitivos y sustentabilidad ambiental. Ninguna opción será existosa en el largo plazo si no considera el equilibrio de estos tres factores.
La política energética tiene la característica de trascender a los gobiernos de turno, como quedó demostrado con el mismo proceso de HidroAysén o con los casi 2.000 MW de generación termoeléctrica a carbón que se levantan en la actualidad y que fueron aprobados durante la administración anterior. La forma de abordar el problema, por lo mismo, debe ser transversal y con visión de largo plazo. Contribuye, en este sentido, la comisión recientemente anunciada por La Moneda.
Tareas clave del equipo de reconidos expertos convocados por el gobierno serán, entre otras materias, la evaluación del potencial de generación de nuestro país en las distintas fuentes, la competitividad y viabilidad de estas alternativas, la generación de mayor competencia al interior de la industria energética, la propuesta de los incentivos correctos para reducir precios y la revisión del objetivo de alcanzar un 20% de representación de las denominadas Energías Renovables no Convencionales en la matriz.
Tras la lógica de construir una política energética que combine adecuadamente seguridad, costos y sustentabilidad está en juego la competitividad de muchas industrias que, si bien no sufren las restricciones observadas en países vecinos, deben lidiar con precios muy superiores al de sus competidores. Y de su actividad, depende el desarrollo.
