Retiros: evidencia versus contumacia

La inflación llegó a un peak de 14,1% en agosto de 2022, la tasa interbancaria subió hasta 11,2% en octubre de ese mismo año y la tasa de política monetaria escaló a 11,25% en noviembre, en un escenario en que pocos meses antes se había cumplido el plazo para hacer efectivo el tercer retiro anticipado de fondos de pensiones. Y las consecuencias persisten hasta hoy, cuando dos tercios de los cotizantes que rescataron parte de sus ahorros no han logrado recuperar el saldo del que disponían antes de los retiros, tal como lo constatan las cifras de la Superintendencia de Pensiones, que hoy publica DF.

Todas estas consecuencias fueron el corolario de una medida que fue aprobada en el Congreso esencialmente con los votos del actual oficialismo, desoyendo las profusas advertencias de reconocidos expertos, entre ellos el expresidente del Banco Central y actual ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Tras las negativas consecuencias de los retiros anteriores, parece del todo irracional que se intente impulsar un nuevo proyecto.

Dos años después y a la luz de la evidencia, parece del todo irracional que se intente impulsar un proyecto de séptimo retiro, luego de tres intentos fallidos. Lo que sí parece tener lógica es que, a medida que se aproximan las elecciones, tienden a cundir las promesas populistas entre quienes buscan adhesión a cualquier precio.

Desde que se aprobó el primer retiro en 2021, no solo presenciamos alzas de precios, aumento en el costo de los créditos y un serio deterioro financiero estructural, sino que además sobrevino un alto impacto en el empleo.

Cuando por estos días uno de los partidos de la coalición de Gobierno vuelve a levantar esta mala propuesta, bajo el pretexto de enfrentar con ello las trabas que existirían para alcanzar un acuerdo en torno a la reforma de pensiones, cuesta entender cómo ciertos sectores no son capaces de integrar la evidencia, la experiencia y el sentido de responsabilidad al momento de elaborar políticas públicas.

El Gobierno ha sido hasta ahora incapaz de alcanzar un acuerdo transversal para destrabar una de las modificaciones más esperadas por la ciudadanía y sobre la cual la industria también requiere certezas jurídicas pronto. Si con la proximidad de las elecciones se ha pensado que una operación de “falsa bandera”, tras de este séptimo retiro, puede forzar la aprobación de una mala reforma, con ello solo se condenaría a los futuros jubilados a sufrir las consecuencias de políticas pensadas con poca evidencia y mucha contumacia.