Una serie de prioridades legislativas estableció el gobierno al partir esta semana su gestión. Como distintos actores del acontecer nacional lo han sugerido, entre las urgencias se incluyó el proyecto que aborda la migración en Chile.
El punto de partida está claro: se trata de “revivir” el texto ingresado en abril de 2013, es decir, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, cuyo proceso de elaboración fue liderado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, precisamente quien volvió a asumir dicho cargo.
Dado lo anterior, la administración que se inicia ya tiene un terreno fértil para avanzar en una materia que distintos estudios sugieren su atención, actualizando la legislación vigente y poniéndose a tono con los estándares internacionales sobre la materia y las mismas recomendaciones que han hecho entes como la Organización para la Coooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Y si de apoyo se trata, la misma administración Bachelet también envió al Congreso una iniciativa para abordar la llegada de extranjeros al país, cuyo ritmo se ha intensificado -marcando probablemente una gran diferencia con 2013- de la mano de situaciones críticas en naciones de la región, como es el caso de Haití y Venezuela.
Hoy son visibles las organizaciones que están ocupadas y preocupadas del desafío que representa la incorporación de dichos ciudadanos.
Entendido como propio de un país que exhibe mejores expectativas de bienestar -ya lo saben las grandes economías del mundo- la migración es un fenómeno que es necesario atender y, en esa lógica, hacerlo bajo el parámetro de un acuerdo transversal que le dé legitimidad y proyección a las nuevas leyes.