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Alto contrasteEl mecanismo de mitigaciones viales que deben realizar los proyectos inmobiliarios cuyo destino no residencial contemple más de 150 estacionamientos o aquellos de destino residencial con más de 250 -que se realiza a partir de un Estudio de Impacto sobre el Transporte Urbano-, ha sido cuestionado por insuficiente y arbitrario.
En 2012 se ingresó un proyecto de ley que buscaba legislar mejor esta materia conocido como Ley de Aportes al Espacio Público, iniciativa que no sólo consideraba mitigaciones viales, sino también en equipamiento comunitario, y áreas verdes. Para eso proponía una cesión de terrenos que podría alcanzar hasta el 44% de la superficie total del terreno original que debía ser proporcional a la intensidad de uso de suelo, tamaño, destino y localización del proyecto.
En mayo pasado, el Ejecutivo ingresó una indicación reemplazando casi la totalidad del proyecto original: los proyectos inmobiliarios ahora no sólo deberían mitigar el efecto local, sino también recoger –si es que acaso eso fuera posible de medir- el impacto causado en la totalidad de la ciudad, estableciéndose así mitigaciones directas e indirectas.
Es positivo que los proyectos inmobiliarios incorporen todos los costos asociados y mitiguen sus externalidades locales. Sin embargo, respecto de la mitigación indirecta, el proyecto de ley denomina como aporte lo que en realidad es un impuesto a la actividad inmobiliaria para compensar el déficit urbano general que hoy existe. Al tener un alcance para toda la ciudad, es, en definitiva, un nuevo gravamen específico a la vivienda, con fines redistributivos de "cohesión social" y "sustentabilidad urbana", conceptos vagos de esta iniciativa.
