La decisión de la mesa de la Cámara de Diputados de declarar admisible un proyecto impulsado por parlamentarios del Partido Comunista y por la IC y que busca anular la ley sobre cuotas globales de captura de recursos pesqueros ha generado gran preocupación entre agentes privados y exponentes del propio mundo político.
La determinación, que según los expertos es inconstitucional, ha abierto de manera irresponsable espacios de incertidumbre jurídica que podrían mellar aún más los ya golpeados estados de ánimo de los inversionistas y agentes económicos.
La Ley de Pesca fue sancionada favorablemente por un centenar de parlamentarios (diputados y senadores) y sólo fue votada en contra por 30 legisladores, de manera que el insólito precedente que marca esta decisión de la mesa de la Cámara supone desconocer y desvirtuar el propio trabajo legislativo.
La señal emitida por quienes declararon admisible este proyecto puede perfectamente calificarse como populista, en especial porque el ordenamiento jurídico vigente no contempla la figura de anulación de leyes. Una medida que, además, en este caso amaga con dejar a la deriva a un sector relevante y que en su minuto requirió de extraordinarios esfuerzos de diálogo para configurar su marco normativo.
Es de esperar que el gobierno mantenga a firme la posición esbozada en orden a avalar las certezas jurídicas y que de paso emita señales más claras en contra de decisiones políticas de corte populista. A diferencia de lo que se cree el populismo no tiene por qué asociarse a una persona o movimiento, ya que este fenómeno perfectamente puede infiltrarse en pequeñas dósis en la vida política.