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Alto contrasteEl Congreso Nacional ha despachado el proyecto de ley para agilizar el procedimiento de otorgamiento de concesiones eléctricas, una iniciativa que resulta muy relevante para el desarrollo del sector eléctrico y para la población en general. Sin embargo, aún no se encuentra en estado de convertirse en ley ya que el Ejecutivo, tras acordarlo así con la Cámara de Diputados, ingresará un veto para suprimir del articulado las normas sobre consulta indígena y áreas silvestres protegidas.
A pesar que la tramitación del veto retrasará en algunas semanas la promulgación del texto aprobado, parece acertada la decisión de no referirse a aquellas materias en esta ley. Se trata de asuntos de carácter general cuya regulación, en último término, no es exclusivamente aplicable al sector eléctrico sino que, cuando corresponda, a cualquier proyecto de inversión.
Haber regulado estas materias sin una mirada general y bajo la lupa de un sector específico implicaba más desventajas que beneficios y se corría el riesgo de generar excepciones o tratamientos particulares, sin la necesaria justificación al efecto.
Ahora bien, para que estos temas no se levanten y discutan cada vez que se debata un proyecto de ley atingente a un sector de la economía en particular, es crucial que ellos sean efectiva y debidamente tratados, con carácter de general aplicación, en la normativa general y sin dejar espacios para interpretaciones equívocas e incertidumbres jurídicas que terminarán afectando la credibilidad institucional, el desarrollo de los proyectos de inversión y a las comunidades en las que éstos se emplazan.
