Portabilidad financiera, bienvenida

a entrada en vigencia de la Ley de Portabilidad Financiera, a inicios de mes, es un paso importante en la evolución del mercado financiero hacia mayores estándares de competencia, eficiencia, transparencia y sofisticación tecnológica, acorde con la tendencia a nivel internacional. Existen otras áreas donde los avances son aún más incipientes –como el open banking y las monedas digitales, entre otras—, pero la llegada de la portabilidad es especialmente significativa, porque tiene el potencial de que los consumidores comiencen a experimentar sus ventajas con relativa facilidad y rapidez.

Precisamente de esto último, en síntesis, trata la portabilidad: de hacer más sencillo y más ágil (y más barato) el tránsito de los consumidores de una institución financiera a otra, en función de los términos que ellos consideren más beneficiosos para sus intereses en cuentas corrientes, préstamos hipotecarios, tarjetas y créditos varios.

La ley encarga al Sernac velar por su efectivo cumplimiento, en defensa de un nuevo derecho con el que ahora cuentan los consumidores, y las instituciones financieras tendrán que informar cada mes al organismo las eventuales situaciones de incumplimiento. Qué tan bien funcione esta institucionalidad en la práctica será clave para que la portabilidad alcance sus objetivos de fomentar la competencia y de dar más libertad a los consumidores.

Quizás no deba sorprender que la normativa haya tenido un inicio más bien lento en las últimas semanas, como consignó ayer este diario, con sólo 32 mil solicitudes de portabilidad registradas y, hasta el viernes pasado, ninguna concretada. La alta incertidumbre que hoy generan el desempleo y la crisis económica en los chilenos seguramente ha incidido en ello, como también el todavía bajo conocimiento de la normativa entre los clientes (que no ha sido difundida por la industria bancaria como lo fue la portabilidad de las telecomunicaciones). Cabe señalar, por cierto, que parte importante del efecto bien puede haberse dado antes de la entrada en vigencia de la ley, en la medida que las instituciones buscaron fidelizar a sus clientes.