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Alto contrasteUna jornada de extraordinarios trastornos debieron de soportar ayer millares de chilenos que se vieron imposibilitados de hacer uso de los servicios aeroportuarios debido a la "paralización ilegal", definida así por la ministra del Trabajo, de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Programada en la lógica de hacer sentir el mayor poder de negociación que brinda la semana en que se celebran las fiestas patrias (o si se quiere aprovechar la oportunidad en que se puede ocasionar más daño, como dirían algunos expertos en teorías de negociación), la presión ejercida tiene como víctimas a ciudadanos que no tienen arte ni parte en el asunto y que son usados por terceros en una suerte de extorsión o chantaje a las autoridades.
Más allá de las reivindicaciones específicas envueltas en este conflicto, el episodio invita a una reflexión de fondo en momentos en que en el Congreso se debate una reforma a la legislación laboral que busca aumentar el poder de negociación de los sindicatos.
En efecto, sin siquiera entrar en el debate de por qué se prioriza como primer eslabón de la agenda laboral un proyecto que habla de "conflicto" en lugar de colaboración y adaptabilidad (que son los vectores de futuro en una agenda seria de cambios laborales), no deja de llamar la atención que la forma de bajar el proyecto tiene la mirada puesta en las lógicas de hace 40 años y en una expresión legislativa que pone al país en la columna de las excepciones y no en la de la regla dentro del tan recurrido estándar OCDE. Todo en un diseño tan enmarañado técnicamente que promete seguir en seis meses más la misma suerte que la reforma tributaria.
