Libertad o seguridad, una falsa disyuntiva

El domingo pasado se publicaron los resultados de la encuesta Criteria, según la cual el 68% de las personas consultadas privilegian la seguridad por sobre la libertad, en el contexto de la crisis de delincuencia que vive el país.

Por supuesto, se trata de una falsa dicotomía. Como advirtieron los teóricos de la Ilustración, la seguridad es la precondición fundamental de la vida en común, sin la cual la libertad es imposible.

Libertad y seguridad son conceptos intrínsecamente vinculados desde el nacimiento del Estado de derecho.

En efecto, Hobbes justificó el nacimiento del Estado moderno como guardián de la seguridad, sin la cual la vida es “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. Con posterioridad, Locke comprendió que el Estado podía convertirse, él mismo, en una amenaza para la seguridad, por lo cual se hacía necesario restringir los límites de su poder, a fin de proteger la “vida, salud, libertad y posesiones” de las personas.

De este modo, libertad y seguridad son conceptos intrínsecamente vinculados desde el nacimiento del Estado de derecho. En consecuencia, es curioso plantear semejante disyuntiva. Todo aquel que haya sentido temor de ser víctima de un delito en el espacio público o, incluso, en su propia casa; o bien que se haya abstenido de emprender un negocio o de aceptar una oferta de trabajo en un lugar demasiado lejano de su hogar, conoce de primera mano la pérdida de libertad que produce la sensación de inseguridad.

Con todo, los resultados de la encuesta dan cuenta del estado de angustia que genera la crisis de seguridad en la ciudadanía, que ve reducido su espacio de libertad producto del aumento de la delincuencia común, del narcotráfico y del crimen organizado.

Si no se actúa a tiempo, el hastío de la ciudadanía frente a la indolencia o la incapacidad del Estado para reprimir el delito y resguardar los derechos de las personas, puede acabar provocando que la población justifique el uso indebido de la fuerza o la actuación estatal más allá de los márgenes del derecho, como ocurre actualmente en El Salvador.

Es deber del Gobierno actual evitar a toda costa la exacerbación de la inseguridad del país. De lo contrario, tarde o temprano surgirán políticos que ofrezcan la misma disyuntiva que el sondeo de opinión, pero ya no como un ejercicio teórico, sino como plataforma electoral.