La ciberseguridad como requisito de progreso

Los casos de personas, empresas y entidades públicas que han sufrido distintos tipos de ciberataques se han multiplicado en los últimos años a medida que Chile digitaliza un creciente número de procesos, algo que ha ocurrido a un ritmo aun más acelerado con el fuerte impulso que la pandemia le dio a la digitalización de la economía y el trabajo. En síntesis, personas y organizaciones dependen hoy mucho más de las redes computacionales para una amplia gama de interacciones en todos los ámbitos.

Junto con nuevas leyes y normas -que requieren tiempo-, es clave que autoridades y empresas desplieguen esfuerzos más proactivos en el corto plazo.

La seguridad de esas redes se ha vuelto, por ende, mucho más crítica que en el pasado, y es claro que no ha avanzado a la par con el uso y la demanda (ni con la sofisticación de los delincuentes). Como explicó a este diario un senador muy vinculado a la legislación sobre ciberseguridad, han proliferado delitos como el robo de credenciales (para llevar a cabo diversas modalidades de estafa) y el ransomware (la extorsión para desbloquear sistemas hackeados). En sus palabras, “los delincuentes también se fueron al teletrabajo”.

Ha habido avances en esta materia, como la Ley de Delitos Informáticos, promulgada en junio; y la ley de Protección de Datos Personales se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso. Por otra parte, como señaló el parlamentario en su entrevista, existen iniciativas para impulsar una Mesa Nacional de Ciberseguridad y un Foro Nacional de Ciberseguridad, donde por primera vez se reunirán representantes de la academia, el Estado, la sociedad civil, las FFAA y las policías.

Todo ello es positivo, sin duda, pero se echa en falta un mayor sentido de urgencia de parte del Gobierno y las empresas para enfrentar una amenaza que, además de los costos asociados a cualquier delito, constituye hoy en día un riesgo claro e inminente para el desarrollo del país, que depende en medida importante de la digitalización de la economía y las comunicaciones. Junto con nuevas leyes y normas -que requieren tiempo-, es clave que autoridades y empresas desplieguen esfuerzos proactivos en el corto plazo. Mayores (y permanentes) inversiones en infraestructura segura y en campañas educativas debieran estar a la orden del día.