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Alto contrasteEn el marco de la ceremonia de clausura de la cumbre judicial CELAC-UE, el presidente de la Corte Suprema afirmó que los temas energéticos deben ser resueltos por la administración pública y no por la justicia. El magistrado respondió de ese modo a las palabras pronunciadas a inicios de la semana pasada en el marco de la cena de las empresas eléctricas por el presidente de la República, oportunidad en la que el mandatario instó a evitar una excesiva judicialización en el área energética y en la que invitó a la justicia mayor voluntad en la resolución de estos temas.
A juicio del representante del máximo tribunal, no es razonable endosar a la justicia la realización o no realización de proyectos de inversión, asegurando que la administración pública es la llamada a “convencer a la ciudadanía en general de la certeza, justicia y necesaria valoración” de dichas inversiones, construyendo “confianza” a nivel de grupos sociales respecto de la legitimidad de los proyectos, cuestión clave para que dichos grupos no acudan a la justicia.
Si bien el presidente de la Corte Suprema tiene un punto, habría que señalar que a la justicia sí le cabe un rol relevante en desincentivar lo que algunos empresarios han llamado uso “extorsivo” de las acciones legales en contra de los proyectos de inversión.
En efecto, en aquellos casos en que se compruebe que las causas analizadas por los tribunales han sido promovidas artificialmente por abogados que han alentado a las comunidades, sería muy conveniente y hasta imprescindible, que tribunales emitan fallos que sancionen estas prácticas reñidas con el buen derecho y el progreso del país.
