La forma en que el Estado ejerce sus atribuciones de regulación y supervisión es una cuestión de de política pública de la mayor relevancia. El proyecto de ley sobre comisión de valores presentado al Congreso Nacional es una valiosa contribución a la reflexión sobre el modelo regulatorio vigente en Chile y las perspectivas de cambios de este diseño. La iniciativa constituye, asimismo, un importante paso en el proceso de modernización del Estado, propendiendo a que éste cumpla sus funciones de manera eficiente y con menores grados de discrecionalidad.
Más allá de aspectos que requerirán de un serio debate en el Congreso, y de los perfeccionamientos del caso, se trata de una iniciativa legal que avanza en la dirección correcta. Busca superar el modelo regulatorio de superintendencia, el que tiene características poco armónicas con la complejidad de los mercados actuales. Entre otras, la excesiva dependencia del gobierno de turno; la amplia potestad sancionadora, sin contrapesos suficientes; y la calidad de juez y parte de los superintendentes, hacen necesario impulsar un esquema regulatorio más acorde con los estándares internacionales.
Desde una mirada institucional y procedimental, el proyecto de comisión de valores introduce elementos muy meritorios, delegando la dirección superior del organismo a un cuerpo colegiado, junto con establecer un mecanismo de evaluación ex ante de impacto regulatorio de la normativa, tendiente a una mayor calidad de la misma.
Es de esperar que las autoridades impulsen la pronta tramitación legislativa de esta iniciativa.