La semana pasada el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de equidad tarifaria eléctrica, iniciando su segundo trámite legislativo. El proyecto propone acotar las diferencias de tarifas residenciales entre distintas zonas del país y rebajar las tarifas en las áreas que contribuyen con generación eléctrica.
La nivelación de tarifas limitaría a no más de un 10% los diferenciales en las tarifas que las empresas distribuidoras cobran por el suministro a usuarios residenciales. Las diferencias actuales surgen porque los costos de distribución son más bajos en ciudades más densamente pobladas, de modo que responde a razones económicas. No obstante, la ley actual también tiene mecanismos de ecualización tanto en el componente de generación como transmisión, por lo que esta extensión a la distribución no resulta tan significativa, además de que preserva las señales de eficiencia y deviene en una solución -la equidad tarifaria - que puede ser socialmente valorada.
Distinto es el reconocimiento de generación local, que propone una rebaja de tarifas en las comunas donde existen generadoras de energía eléctrica, financiada por las demás comunas. Esta medida es una solución imperfecta al problema de oposición de las comunidades a la instalación de generación eléctrica en su vecindario. En efecto, se trata de un subsidio cruzado que beneficia a comunas por su concentración histórica de proyectos de generación, cuando lo que realmente se necesita es motivar la aceptación de nuevos proyectos. Adicionalmente, tiene aspectos regresivos y deja fuera otros proyectos de inversión que enfrentan similares dificultades, como la transmisión eléctrica.