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Alto contrasteLa noticia de los extraordinarios términos con que se zanjó la negociación colectiva de BancoEstado, en donde se consumió más de la mitad de las utilidades antes de impuestos del primer semestre de la entidad en el pago de un bono de término de conflicto, no sólo tuvo como consecuencia la inmediata salida del presidente del directorio del banco, sino que con el correr de los días también ha decantado en un debate de fondo sobre el tipo de gobierno corporativo con que están dotadas las empresas del Estado.
En efecto, y sin entrar siquiera en la discusión de si es conveniente que este tipo de empresas cuenten al menos con un porcentaje de su propiedad en manos de accionistas privados (institucionales, por ejemplo) de modo de potenciar dinámicas que favorezcan mejores estándares de escrutinio y transparencia en la forma en que se manejan, los últimos acontecimientos hacen pertinente preguntarse si se ha avanzado lo suficiente en la senda de mejorar la calidad de los gobiernos corporativos de las empresas públicas.
En esa línea, y no obstante que existe la expectativa de que en los próximos meses se dé a conocer una propuesta legal para definir nuevos estándares para los gobiernos corporativos de las empresas públicas, lo cierto es que en este tema se ha procedido con menos prioridad de la requerida. La discusión pública sobre los gobiernos corporativos no es un tema de reciente aparición en la agenda. Por el contrario, ha estado presente por años y, no obstante ello, es poco lo que se ha hecho en el ámbito estatal, tema delicado atendido el hecho de que velar por el interés de todos sus accionistas equivale a velar por el interés de todos los chilenos.
