Tema recurrente del último tiempo y, por supuesto, también de este año, ha sido el del daño que a la imagen del sector privado y los empresarios le están infiriendo casos de malas prácticas y hasta derechamente delitos que involucran a algunos, pocos por cierto, de sus exponentes.
Sea que los casos estén en fase de denuncia, investigación o ya sancionados por tribunales, este tema ha ido escalando en la lista de preocupaciones del sector privado, por las evidentes implicancias que está teniendo en la percepción de su quehacer en la sociedad civil y en el mundo político.
La noble función del sector privado y el emprendimiento, que a diario cumple la gran mayoría de sus integrantes, ha sido de este modo víctima del proceder de unos pocos, con no pocas consecuencias políticas, económicas y sociales.
Por lo mismo, quienes ocupan hoy cargos de dirección y representación gremial, así como los máximos exponentes del mercado de valores, deberán redoblar esfuerzos no sólo en promover las mejores prácticas empresariales, sino que también en condenar aquellos casos en que comprobadamente se han cometido irregularidades, abusos o delitos.
Y la verdad es que no puede ser de otra forma, ya que no sólo es de toda justicia que así sea, sino porque los valores y principios que están en juego y comprometidos son de la mayor importancia. La iniciativa y la innovación privada, la libertad de hacer empresa y el mercado han cimentado el proceso histórico más notable de progreso y prosperidad de la humanidad, y sus atributos y beneficios no pueden ni deben verse amagados por las acciones de unos pocos infractores.