El gobierno ha informado que las tarifas por los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas se mantendrán congeladas en el período 2015–2020, tras llegar a un acuerdo en el proceso de fijación tarifaria con las empresas Aguas Andinas y Aguas Cordillera, ambas controladas por el consorcio Agbar y el grupo Suez. En el caso de Aguas Manquehue, también de Agbar–Suez, las tarifas caerán 5%, mientras que en Aguas Araucaria se extiende el decreto vigente.
La autoridad ha detallado que unos dos millones de clientes de estas compañías, unos siete millones de usuarios, no sufrirán alzas reales en sus tarifas, aunque estarán sujetas a ajustes por IPC y otros indexadores.
Adicionalmente, se ha comunicado que como consecuencia del acuerdo entre Aguas Andinas y AES Gener por la central Alto Maipo y el uso de aguas del Embalse El Yeso, las cuentas por este servicio en la Región Metropolitana anotarán una baja de 1,2% a contar de 2018, cuando entre en operaciones el proyecto hidroeléctrico.
En la oposición, y también en algunas empresas, han llamado la atención por la presencia de dos ministros –el de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y de Economía, Luis Felipe Céspedes- en el anuncio de este acuerdo. Se ha dicho que, si esta puesta en escena se une a la decisión de Hacienda de reducir los precios de las bencinas, se configura un escenario que roza el populismo.
El congelamiento de las tarifas de agua potable constituye una buena noticia para los usuarios, pero es de esperar que en ello no hayan intervenido consideraciones políticas que pudieran enturbiar un proceso tarifario que debe ser eminentemente técnico.